El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado la jubilación forzosa por incapacidad permanente para el juez José Luis Eduardo Morales Ruiz, que ejerció en el Juzgado de lo Social de Teruel entre 2005 y 2008. A lo largo de su carrera, el magistrado ha sido sancionado en varias ocasiones con suspensión temporal de empleo y sueldo por no dictar sentencias.

En el tiempo que estuvo en el Palacio de Justicia de Teruel, dejó pendientes de resolución más de 300 asuntos, lo que motivó, incluso, una protesta ciudadana a las puertas del Juzgado en apoyo a los trabajadores que no podían cobrar sus indemnizaciones por despido u otras circunstancias debido al retraso en la tramitación de los casos.

Algunos asuntos acumularon una demora de más de dos años. La situación perjudicó también a los empresarios y a los abogados que actuaban en cada proceso, quienes tampoco podían conseguir su remuneración.

Antes, entre 1997 y 2001, Morales había trabajado en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y sus sentencias ya registraron retrasos. De 2001 a 2004, estuvo en el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real, donde se le abrieron tres expedientes por demora injustificada en el dictamen de veredictos.

De Teruel, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria número dos, donde al poco tiempo el CGPJ lo suspendió igualmente durante seis meses de su cargo tras detectar un alarmante descenso de la tasa de resolución de asuntos.

La decisión del CGPJ, que apareció ayer publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pone fin a una situación que ha durado más de 10 años en la que varios juzgados se han visto bloqueados por la demora injustificada del magistrado Morales.