Por primera vez en Aragón, un hombre fue juzgado ayer en Teruel mediante videoconferencia. Así, el acusado, un marroquí que hizo 32 ofertas de trabajo falsas a compatriotas suyos y que está en prisión preventiva en Alicante, no tuvo que viajar a 329 kilómetros de distancia para comparecer en el juicio.

La Audiencia Provincial de Teruel quiso con esta medida evitar las molestias y gastos que supone el desplazamiento de un preso, sobre todo cuando, como en esta ocasión, se perfilaba un acuerdo entre todas las partes que reduciría la vista oral a unos pocos minutos.

Tras resolver algunos problemas técnicos que se plantearon al inicio del juicio y que motivó que el proceso comenzara con retraso sobre la hora prevista, el imputado declaró a través de la pantalla de un monitor instalada en la sala. A su vez, él escuchó las palabras de los magistrados, del fiscal y de los abogados, por el mismo sistema y sin moverse de la cárcel de Alicante.

El procesado, Abdelgani Hammouri, de 35 años de edad, admitió los hechos que se le imputaban. Frente a los cuatro años de prisión que inicialmente se pedían para él por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la Audiencia lo condenó a dos años de cárcel. Su abogada solicitó al Tribunal la remisión, o perdón, condicional de la pena, una posibilidad que los jueces estudiarán en las próximas semanas.

Más de 60 casos en tres años

El juicio contra Hammouri es uno más de la larga lista de procedimientos judiciales que se siguen en los juzgados de la provincia de Teruel por ofrecimientos de contratos fraudulentos a inmigrantes por parte de empresarios. En la mayoría de los casos, los empleadores son también extranjeros.

Solo a lo largo de 2010, se incoaron 20 asuntos por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en la provincia de Teruel y otros 38 casos que habían entrado en años anteriores, principalmente desde 2008, están pendientes de juicio. Otros nueve han llegado ya a la Audiencia Provincial para su señalamiento, según informaron desde la Fiscalía de Teruel.

Como ocurrió ayer con Hammouri, en la mayoría de los casos no queda acreditado que el empresario haya cobrado una cantidad de dinero a los trabajadores a cambio del contrato, que, a su vez, permite al trabajador obtener su tarjeta de residencia en España. Aún así, la Justicia persigue al empresario porque su comportamiento impide una inmigración regulada. Por este procedimiento llegan a la provincia personas que no tienen garantizado un puesto de trabajo.

«La primera década del siglo XXI va a tener consecuencias negativas en el orden interno de este país», manifestó ayer el fiscal Jorge Moradell -encargado del caso de Hammouri- en referencia a las múltiples ofertas falsas de empleo a extranjeros que se registran en España.

Abdelgani Hammouri no fue denunciado por ninguno de los compatriotas a los que ofreció un contrato inexistente. Se sentó ayer en el banquillo de los acusados tras una investigación de oficio de la Policía y la Fiscalía con la colaboración del Ministerio de Trabajo, abierta después de advertir que el empresario marroquí no pagaba las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. Para destapar el delito, hubo que cotejar los datos de la vida laboral del empleador con los de sus trabajadores. El procesado estaba en busca y captura al no personarse al juicio el pasado octubre. Fue localizado por la Policía y encarcelado en Alicante por obstaculizar la labor de la Justicia.