La plantilla del matadero Pelbor de Calamocha, integrada por un centenar de operarios, mantiene desde hace dos semanas el encierro indefinido que iniciaron en el Ayuntamiento de la localidad para reclamar la reapertura de las instalaciones cárnicas.

Los trabajadores pidieron a principios de mes al vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, que mediara ante posibles inversores para negociar su participación en la empresa y poder reflotar el matadero. El portavoz, Mario Burillo, lamenta, no obstante, que hasta ahora nadie se haya puesto en contacto con ellos y que las únicas noticias al respecto hayan sido las declaraciones de la semana pasada del director general de Caja Rural, José Antonio Pérez Cebrian, en las que sugería como única solución un reajuste de la plantilla y de sus exigencias salariales.

Burillo no considera adecuadas estas afirmaciones del representante de Caja Rural, que es socio y acreedor al mismo tiempo de Pelbor -tiene el 20% del accionariado-, ya que, a su juicio, "parece responsabilizar a los trabajadores de la situación de la empresa cárnica".

Sin remuneración

La situación de los empleados de Pelbor es cada vez más dramática. No reciben remuneración alguna desde octubre, en que concluyó el expediente de regulación de empleo, ni tampoco hay visos de que cobren los atrasos que les debían. Los permisos retribuidos, a los que en principio están sujetos en estos momentos, no parece que se vayan a materializar.

Mario Burillo manifestó que si persisten estas condiciones, en las que "hay nula información", la plantilla se verá "abocada a quedarse en la calle". El portavoz insistió en que los trabajadores "se muestran abiertos a entrevistarse con entidades, sociedades o personas interesadas en la reapertura del matadero". Ellos consideran que las instalaciones pueden resultar viables, pero lamentan que en torno a la gestión de la crisis de Pelbor "ha habido muy poca transparencia", explicaba Burillo.

Mientras tanto, el tiempo avanza y se acerca el final de plazo para presentar la solicitud del concurso de acreedores. El portavoz de la plantilla explicó que este periodo expira el día 23 de este mes. Mario Burillo agregó que la dirección de la empresa ya ha anunciado que, si nada cambia, en el mismo proceso concursal se planteará la extinción de las relaciones laborales con los empleados. Indicó que en última instancia, el fondo de garantía salarial se haría cargo de las deudas que la empresa tiene contraídas con la plantilla.

A pesar de los malos pronósticos, los operarios aún mantienen esperanzas de que se produzca alguna salida los próximos días.