DENUNCIA

Los trabajadores del Juzgado de lo Social de Teruel denuncian que sus oficinas huelen a cloaca

Técnicos de la DGA revisarán el edificio, reformado hace solo seis meses, para averiguar la causa del mal olor.

Un trabajador de los juzgados utiliza un ambientador para acabar con el mal olor de la oficina.
Los trabajadores del Juzgado de lo Social de Teruel denuncian que sus oficinas huelen a cloaca
ANTONIO GARCíA

Al nuevo Palacio de Justicia de Teruel, acabado de ampliar y remodelar hace solo seis meses, no paran de salirle pegas. Primero fue la acumulación de calor en las plantas superiores por una climatización incompleta del edificio. Después vinieron las quejas por la estrechez de algunas puertas, que impiden el paso de sillas de ruedas. Ahora, los trabajadores del Juzgado de lo Social denuncian que sus oficinas huelen a cloaca.


Los empleados explicaron ayer que los malos olores se aprecian prácticamente todos los días, pero más los lunes, tras dos días -sábado y domingo- sin apenas ventilación. Atribuyen el problema a la apertura, durante las obras de reforma, de un tubo de desagüe general del edificio al objeto de que los aparatos del sistema de climatización vertiesen allí sus aguas. Aunque a ciencia cierta desconocen el origen del hedor, piensan que esa tubería no ha quedado bien sellada.


Afirmaron que hay días en los que se ven obligados a abrir las ventanas para eliminar el mal olor y que también tienen que combatirlo a menudo utilizando ambientadores. "En algunos momentos, aquí no se puede trabajar. Es vergonzoso que ocurra esto en un edificio recién remodelado", manifestó uno de los funcionarios, Antonio Salvador, que a la vez es representante sindical por el CSIF.


Los usuarios se quejan


El mal olor se concentra, sin embargo, en la sala de espera del Juzgado de lo Social, un espacio muy reducido sin ventanas ni más ventilación que un agujero en el techo tapado con una rejilla. Distintas fuentes de este órgano judicial relataron ayer que los usuarios y letrados que tienen que aguardar allí su turno para entrar a la sala de vistas se quejan continuamente.


"La gente procura estar en la sala de espera lo menos posible, porque no se puede aguantar", explicaron otras fuentes del Juzgado de lo Social. También los trabajadores de la Fiscalía han detectado mal olor, pero en menor medida, probablemente -explican- porque las oficinas se encuentran en una planta inferior.


Desde el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón afirmaron ayer que un equipo de técnicos visitará próximamente los juzgados turolenses para tratar de averiguar el origen del problema y buscar una solución. Estas fuentes añadieron que el mismo procedimiento se ha seguido "con otras cuestiones que nos han ido planteando los trabajadores acerca del funcionamiento del edificio".


Sin inaugurar


Las obras de ampliación y reforma del Palacio de Justicia de la capital turolense fueron ejecutadas entre los años 2009 y 2010 con financiación del Ministerio de Justicia. Recientemente, el nuevo edificio judicial fue entregado al Gobierno aragonés, que tiene las competencias en materia de Justicia desde 2008, si bien todavía no ha sido inaugurado.


Con los trabajos a punto de finalizar, las empleadas de limpieza protestaron por las malas condiciones en que quedaba el cuarto en el que tenían que cambiarse de ropa, el mismo en el que se almacenaban los productos, sin calefacción, con baldosas y desagües rotos y ventanucos sin cortinas. La laberíntica comunicación entre el antiguo Palacio de Justicia y la parte nueva, con pasillos y tramos de suelo a distinto nivel, fue también objeto de críticas.


"Estas obras no se han hecho bien y ahora todo son problemas", afirmó el portavoz sindical del CSIF, Antonio Salvador, quien añadió que desde hace tiempo los trabajadores vienen advirtiendo a la Administración de las deficiencias que observan en el edificio, aunque obteniendo escasa respuesta por parte de esta. Las continuas protestas de los trabajadores a principios de este año motivaron una visita a las dependencias judiciales de Teruel el pasado mes de febrero del viceconsejero de Justicia, José María Bescós.