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Teruel
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DELINCUENCIA

Detenido el propietario de una granja por explotar a inmigrantes

Los empleados no tenían contrato y eran sometidos a condiciones laborales abusivas.

teruel. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles a un empresario de Teruel, F. J. P. E., de 36 años y dedicado a actividades agropecuarias, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores al contratar a inmigrantes sin darles de alta en la Seguridad Social y sometiéndoles a condiciones laborales abusivas. La Policía considera que el detenido simuló un robo en su domicilio en un intento de ocultar las prácticas contractuales irregulares.

El empresario detenido, que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, contrató a trabajadores extranjeros sin cumplir la legislación laboral ni la de inmigración para emplearlos en una granja.

La Policía Nacional sospecha que el granjero utilizaba su explotación como soporte para favorecer la inmigración fraudulenta. El empresario había presentado diez solicitudes de residencia y trabajo para otros tantos ciudadanos marroquíes para cubrir empleos inexistentes.

Además, la Policía sostiene que el detenido realizó una denuncia falsa de robo en su casa para justificar la ausencia de las nóminas de uno de sus empleados, documentos que, en realidad, nunca existieron. Las averiguaciones policiales determinaron que el robo nunca se produjo.

Las detenciones de empresarios por contratación ilegal de inmigrantes se han repetido en la provincia durante los últimos años al calor de la presión inmigratoria. El pasado mes de septiembre, un empresario y su abogado fueron condenados por la Audiencia Provincial a dos años de cárcel cada uno por tramitar 60 contratos falsos para inmigrantes rumanos y marroquíes. La investigación policial que desembocó en las dos detenciones arrancó del empadronamiento masivo de inmigrantes en Peralejos, una localidad con ochenta vecinos que, de repente, incrementó su censo con treinta inmigrantes domiciliados en la misma vivienda.

En muchos casos las ofertas laborales fraudulentas se vendían a precios desorbitados. En 2008 fueron detenidos seis empresarios por vender contratos fantasma a inmigrantes hispanoamericanos y marroquíes por cantidades que iban de 8.000 a 14.500 euros. Estos elevados importes obligaban a los estafados a vender su patrimonio para afrontar el pago.

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