Los participantes en las Jornadas 'La Despoblación en España: Evolución, Situación Actual y Propuestas de Futuro', organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que se han celebrado en Teruel, plantearán al Gobierno central la necesidad de crear un fondo, dirigido a ayuntamientos y diputaciones, para luchar contra los efectos del declive demográfico.

Dicho fondo se recoge en la 'Propuesta para la creación de un índice corrector en los tributos del Estado para la lucha contra la despoblación', y supone una demanda de los municipios afectados para frenar ese proceso.

Según han apuntado en las jornadas, actualmente existen en España 3.709 municipios con menos de 500 habitantes y las razones de la pérdida de población son económicas y están provocadas por el desequilibrio que existe entre el entorno rural y el urbano. Así que los participantes en las jornadas plantean una serie de medidas dirigidas a la creación de empleo y a la mejora de los servicios que ofrecen las pequeñas localidades.

Tres bloques

La propuesta, que ha salido de las Jornadas, incluye actuaciones en tres bloques. Según ha explicado el presidente de la Diputación de Teruel, Antonio Arrufat, uno de los bloques propone actuaciones en los municipios, "igual que el Plan E, defendemos unos recursos para municipios de menos de 1.000 habitantes, de cara a la contratación de personal para la realización de servicios a la población, servicios medioambientales y formación".

Arrufat también ha señalado que otro paquete estaría gestionado por las propias diputaciones provinciales. Así, se incluirían "inversiones que supongan un incremento en el empleo femenino como la creación de guarderías, viviendas tuteladas, mini-residencias, cooperativas o centros de teletrabajo".

También debería haber inversiones dirigidas a "la rehabilitación de viviendas municipales, disposición de suelo para vivienda privada, infraestructura de carreteras y de la red de servicios de ADSL"; otro bloque iría destinado a la promoción de bienes y servicios, de los productos de cada parte del territorio; también debería haber fondos para la creación de empleo y la participación en proyectos de desarrollo territorial; y otros dedicados a la gestión medioambiental "pensando en la biomasa y la limpieza de montes", ha expuesto Arrufat.

Finalmente, habría un tercer bloque de ayudas, "en el ámbito fiscal", según ha explicado Antonio Arrufat. ste estaría dirigido a los municipios que han perdido población y que tengan menos de 500 habitantes, y la intención es que "tengan unas bonificaciones fiscales de cara al IRPF y al Impuesto de Sociedades".

En este sentido, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Juan Andrés Tovar, ha declarado que "entendemos que debemos ir más allá porque podría darse la paradoja de que una vez que los municipios estuvieran dotados de infraestructuras y servicios, si los ciudadanos no tuvieran trabajo, nos quedaríamos sin gente en los pueblos". Por eso, ha planteado que "la gente que viva en los pueblos, que las empresas que se instalen allí, tengan una serie de beneficios fiscales".

En cuanto al fondo de ayudas a la despoblación, se basaría en "un índice corrector en base a la población que hemos perdido las provincias", ha resaltado Arrufat. En este sentido, el presidente de la DPT ha indicado que "el sumatorio de la pérdida de población en España desde los años 50 hasta el 2005 ha sido de 412 puntos, así que habría que multiplicarlo por 200.000 euros", de esta forma ascendería a 86 millones de euros a lo que habría que sumar una parte para las provincias que han perdido población parcialmente, en zonas concretas. Con lo que sería un presupuesto total de 150 millones de euros.

El documento se remitirá ahora al Ministerio de Economía y a la propia FEMP. La intención de los participantes en el foro es que se pudiera recoger en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, aunque dada la situación económica "entendemos que se fuera aplicando de forma creciente porque ponerlo en marcha tampoco es fácil", ha explicado Arrufat, al tiempo que ha especificado que una cifra "asequible" para 2011, sería 70 millones de euros.

Con todo esto pretenden buscar "soluciones comunes" a un problema común. Así, Juan Carlos Tovar ha manifestado que "todos estamos de acuerdo en que los ciudadanos deben tener los mismos servicios con independencia del sitio en el que vivan por lo que trabajamos para que los pequeños municipios rurales tengan los mismos servicios o parecidos que las grandes ciudades".

Respecto a posibles medidas concretas, Tovar ha agregado que "tenemos un montón de ideas, pero en cada sitio son distintas porque hay que aprovechar los recursos endógenos de cada comarca". Lo que parecen tener claro todos los participantes es que "hay que hablar con los alcaldes, con el tejido empresarial y social porque ellos son los que mejor conocen las posibilidades de cada comarca".