PATRIMONIO

El conjunto histórico de Teruel, declarado Bien de Interés Cultural tras 32 años de tramitación

La distición reforzará la proyección turística de la ciudad. El concejal de Urbanismo reconoce que se complicarán las obras de los particulares.

Un grupo de turistas, ayer, al pie de la torre de la catedral.
El conjunto histórico de Teruel, declarado Bien de Interés Cultural tras 32 años de tramitación
A. GARCíA

El singular valor monumental de Teruel recibió ayer un espaldarazo definitivo con la declaración de su Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Consejo de Gobierno de la DGA. Culmina así un procedimiento administrativo que arrancó en 1978 con el inicio del expediente correspondiente. La medida aporta, por un lado, un marchamo de calidad a la ciudad, pero, por otro, impone medidas especiales para la conservación y mejora del entorno urbano que deberán concretarse en un Plan de Especial Protección.


La declaración de BIC para el Conjunto Histórico llega cuando una amplia serie de edificios y monumentos situados dentro de este área y con dataciones que oscilan entre el siglo XVI -el acueducto de Los Arcos- y principios del siglo XX -casas modernistas- disfrutan ya de esta catalogación. Además, las torres mudéjares son Patrimonio de la Humanidad desde 1986.


La zona declarada incluye el Centro Histórico, que conserva el trazado y parte de su muralla medievales; el Arrabal, surgido en el siglo XIII y que conserva su traza original; parte del Carrel, con calles adosadas al acueducto de Los Arcos y construcciones de tipología popular; y el primer Ensanche, una ciudad jardín racionalista levantada en la década de los treinta del siglo XX.


El concejal delegado de Urbanismo, Luis Muñoz, señaló que la calificación como BIC da "categoría" a la ciudad y refuerza su promoción turística con un "sello de calidad". Muñoz consideró "lógica" la catalogación.


El edil advirtió, no obstante, de que las medidas conservacionistas que comportará el Plan de Especial Protección que debe redactar el Ayuntamiento encarecerán -además de complicar- las obras de rehabilitación y construcción particular, lo que puede "paralizar" la actividad edificatoria "si los costes se repercuten únicamente sobre los propietarios". Reconoció, sin embargo, que la mayor parte de las medidas de protección ya se aplican actualmente con carácter profesional.