Corrigen el Plan de Urbanismo en trámite para permitir el uso comercial de los sótanos

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente en septiembre de 2009, revisa algunos de sus aspectos más polémicos y que más alegaciones en contra habían suscitado. Entre los cambios introducidos respecto a la redacción inicial, destaca la revisión al alza de las alturas máximas para no dejar fuera de ordenación una buena parte de las viviendas de los barrios de San Julián, el Arrabal y, en menor medida, el Ensanche. Quedar fuera de ordenación impediría la realización de reformas en los edificios, que estarían abocados a la degradación. Además, flexibiliza las posibilidades de uso de sótanos y semisótanos para actividades comerciales, una opción que, en principio, se pretendía prohibir en toda la ciudad.

La empresa redactora, Idom, presentó ayer, en sucesivas reuniones con el equipo de gobierno PAR-PSOE, la Comisión de Urbanismo y colectivos profesionales y sociales, como queda el PGOU tras los cambios introducidos a raíz de las 748 alegaciones recibidas. Una de las propuestas más contestadas, la prohibición de utilizar los sótanos para actividades comerciales, se elimina "en las zonas de trama tradicional", como el Centro Histórico y Ensanche. Se mantiene, no obstante, el veto en áreas de nueva ocupación, como la Fuenfresca y el Polígono Sur.

El concejal delegado de Urbanismo, el aragonesista Luis Muñoz, explicó que la nueva redacción del PGOU asume "el 90%" de las propuestas aprobadas en las mesas de estudio del planeamiento en las que participaron colectivos profesionales y vecinales. El resto no se han recogido, según Muñoz, por impedimentos legales. El Consistorio deberá contestar, no obstante, a todas las alegaciones recibidas.

Muñoz señaló que, en lugar de dejar fuera de ordenación decenas de edificaciones de barrios ya consolidados por no ajustarse a las previsiones del PGOU, se elaborará un catálogo preciso de las construcciones afectadas por esta calificación por generar graves problemas urbanísticos, como estrechamientos "inaceptables" de calles, y el resto quedará "fuera de ordenanza", una fórmula que permite todo tipo de reformas.

Entre las cuestiones planteadas en alegaciones que se descartan, destaca la petición defendida por constructores y arquitectos de incrementar la edificabilidad. Finalmente el suelo urbanizable previsto tendrá capacidad para 10.549 viviendas, 505 menos de las recogidas en la aprobación inicial. El concejal señaló que la DGA "cuestionó" el volumen de nuevas viviendas previsto en el PGOU al considerarlo excesivo.

La portavoz del PP, Emma Buj, afirmó que los cambios introducidos en el PGOU suponen una "rectificación en profundidad" del equipo de gobierno debida a la "presión social". A su juicio, los cambios incorporados "van por el buen camino". El portavoz de CHA, Paco Martín, consideró que el PGOU sale "mejorado" de la revisión del texto inicial y aplica criterios menos rigurosos en cuestiones como las edificaciones fuera de ordenación o el uso comercial de los sótanos.

En contra de lo anunciado por el equipo de gobierno, Luis Muñoz manifestó su voluntad de no someter el PGOU a un segundo periodo de información pública tras la incorporación de las alegaciones. Explicó que, a su juicio, no se ha producido una "modificación sustancial", lo que permitiría pasar de la aprobación inicial a la provisional con la presente Corporación tras un plazo de "corrección de errores".

Una de las cuestiones que más debate suscitó tras la aprobación inicial fue el tratamiento de la edificación ilegal. La nueva redacción amplía la clasificación de suelo 'urbano' de Las Viñas, una de las principales áreas de edificación irregular, a zonas anteriormente consideradas como 'urbano no consolidado'.

Como criterio general, Idom sustituye las zonas de edificación ilegal inicialmente calificadas como suelo 'urbano con consolidado' por 'urbanizable', con lo que la conversión en urbano es más compleja y costosa.