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Teruel
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JUSTICIA

La Fiscalía pone en entredicho la seguridad y rapidez de los juicios con jurado popular

Pide que sean mixtos al haber ordenado el Supremo que se repitan dos vistas por no estar razonado el veredicto.

Intervención del fiscal jefe, ayer, durante el acto oficial de apertura del año judicial.
La Fiscalía pone en entredicho la seguridad y rapidez de los juicios con jurado popular
ANTONIO GARCíA

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, Jesús Gargallo, puso en duda ayer el acierto de los veredictos emitidos por los miembros de los jurados populares -ciudadanos legos-, después de que el Tribunal Supremo ordenara recientemente la repetición de dos de las vistas celebradas en la capital mediante este sistema.

En concreto, como recordó Gargallo, la Audiencia deberá volver a ver el procedimiento abierto contra un vecino de Linares de Mora por la muerte de su padre en la vivienda de ambos, y el que sentó en el banquillo de los acusados a un hombre de Calanda como presunto autor de las cuchilladas que acabaron con la vida de su esposa.

En ambos casos, los imputados fueron absueltos por el jurado popular, que alegó falta de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía de Teruel, por entender que el pronunciamiento del jurado no estaba suficientemente razonado, recurrió la decisión de este ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), primero, y luego ante el Supremo, quien ha ordenado la repetición de los juicios.

En su intervención ayer con motivo del inicio oficial del año judicial, Jesús Gargallo manifestó que "ante esta experiencia, si queremos una Justicia rápida y segura, ¿no sería más adecuado contar con un jurado mixto en el que profesionales de la Justicia pudieran asesorar a aquellos ciudadanos que tienen el deber de juzgar a los acusados?".

Momentos antes de su discurso, el fiscal jefe de Teruel ponía de manifiesto la complejidad del sistema de formación del jurado popular e incluso el coste económico del mismo. Cada dos años, la Audiencia selecciona por sorteo a 300 vecinos de la provincia que podrán integrar alguno de los jurados populares que se formen para ver aquellos casos que deben ser enjuiciados por este procedimiento. En cada juicio actúan 11 jurados a los cuales se les compensa económicamente por su dedicación y se les paga desplazamiento y alimento y alojamiento mientras dura la vista. No obstante, Jesús Gargallo advirtió de que, para llevar a cabo cualquier modificación del jurado popular, habría que reformar previamente la Ley de Enjuiciamiento.

Siniestralidad laboral

El fiscal jefe, cuyas palabras fueron las primeras que se escucharon en el acto oficial de apertura del curso judicial, mostró también su preocupación por el elevado número de procedimientos abiertos a lo largo del año por accidentes laborales -ocho en total- y por el incremento de los casos de violencia de género.

Gargallo expuso también el aumento de la cifra de diligencias por actos violentos entre los jóvenes y destacó que cada vez son más frecuentes los malos tratos de hijos a padres, una lacra que atribuyó "a una sociedad permisiva que educa a los hijos en sus derechos, pero no en sus deberes, y menoscaba el respeto a los profesores y a las autoridades".

Otro de los datos que ayer expuso el fiscal jefe es que, tras las investigaciones necesarias, puede afirmarse que el origen de los incendios que arrasaron el año pasado buena parte de la masa forestal de la provincia, principalmente en las zonas de Aliaga y Ejulve, estuvo en factores naturales -condiciones climáticas- y en el abandono de los bosques.

Más empleados

Ante la presencia en la sala del viceconsejero de Justicia del Gobierno aragonés, José María Bescós, Gargallo aprovechó para reclamar mayores plantillas de empleados en los juzgados de Teruel y Alcañiz así como la climatización global del nuevo Palacio de Justicia de la capital.

Por su parte, la presidenta de la Audiencia, María Teresa Ribera, destacó la mejora que ha supuesto para el funcionamiento de la Justicia en Teruel la ampliación del anterior edificio de juzgados con la anexión de un inmueble contiguo. Añadió que el reto ahora es la puesta en marcha de la oficina judicial, que obligará a redistribuir el personal y los espacios.

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