El centro ecuestre Alcafas de Cabra de Mora, especializado en el tratamiento de minusvalías mediante equitación, y el Ayuntamiento se han enzarzado en los juzgados por la titularidad del suelo ocupado por el establecimiento, una finca de 53 hectáreas que la empresa adquirió al Consistorio en 2005 con el compromiso de generar empleo y actividad económica. El último capítulo del pulso es la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Teruel que anuló el acuerdo plenario que acordó la reversión del suelo.

El fallo, que ha sido recurrido por ambas partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), considera que el Consistorio no siguió el tramite legal al decidir recuperar la finca que vendió hace cinco años. El tribunal determina la nulidad por haberse incumplido un trámite preceptivo consistente en un "dictamen del Consejo de Estado y órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma".

El alcalde, Manuel de la Poza, afirma que se limita a "defender los intereses del Ayuntamiento". La propietaria del centro ecuestre, Rosa María García, considera por el contrario que la actitud del alcalde supone una represalia del alcalde contra ella a raíz de las posturas enfrentadas que ambos mantuvieron ante un proyecto urbanístico en la localidad que se frustró en 2005 y que contaba con el respaldo de De la Poza.

García considera que el objetivo municipal es, en el fondo, quedarse gratis con el suelo y las instalaciones de equitación. Aunque la propietaria del centro ecuestre considera que ha cumplido las condiciones pactadas al adquirir el suelo, el fallo no entra en esta cuestión de fondo y se centra en el defecto de tramitación.

El Ayuntamiento ha recurrido la anulación de la reversión por entender que no ha incurrido en ningún defecto de forma. El alcalde negó que actúe en función de ninguna enemistad con la empresa ecuestre. "No tenemos nada contra ellos, pero no han cumplido los compromisos que firmaron al comprar la finca por un precio simbólico". De la Poza afirmó que el establecimiento funciona al ralentí y no ha creado el empleo previsto. Adelantó que seguirá con el procedimiento judicial para recuperar la propiedad de la finca de Alcafas "hasta el final".

Rosa María García ha recurrido el fallo por entender que las costas judiciales deberían repercutir sobre el Ayuntamiento, que, a su juicio, torpedea la actividad del centro ecuestre y que ya en 2006 intentó, infructuosamente, recuperar la propiedad de la finca.