El vertedero de residuos industriales no peligrosos de Celadas sigue generando posiciones enfrentadas. Alrededor de un centenar de vecinos protagonizaron ayer una tractorada para protestar por estas instalaciones y como oposición a la planta de clasificación de los desechos, cuya explotación se adjudicó recientemente.

Aproximadamente la mitad de los vecinos, de los algo más de 400 que tiene censado el municipio, ha mostrado su rechazo a este complejo de tratamiento de residuos -que forma parte de la red del Gobierno de Aragón-, por su impacto medioambiental. El alcalde, sin embargo, el socialista Antonio Andrés, defiende el proyecto por considerarlo "inocuo y por generar riqueza para el pueblo", y asegura que las movilizaciones convocadas por la plataforma 'No al vertedero de Celadas' obedecen a "intereses partidistas". De hecho, mientras que el vertedero es defendido por los cuatro concejales socialistas del Ayuntamiento de Celadas, los tres ediles del PP restantes se han mostrado en contra del mismo.

La plataforma convocó ayer nuevamente a los vecinos, que salieron a la calle con una veintena de tractores, para mostrar su repulsa, en este caso, a la planta de clasificación de residuos. En la explanada donde se levantará la edificación, una nave de más de mil metros cuadrados de superficie, situada a unos cuatro kilómetros de la localidad, los manifestantes leyeron un comunicado.

Gregorio Fuertes, uno de los vocales de la plataforma, señalaba que con la protesta se pretende expresar la repulsa de los ciudadanos a la estación de transferencia o de clasificación, unas instalaciones que, según dijo, "están a 400 metros de un pozo de agua de donde se abastece el pueblo". "De las 10.000 hectáreas de terreno que tiene el término municipal de Celadas, han ido a elegir los peores emplazamientos -agregaba el vocal-, el vertedero, en la cabecera de un barranco; y la planta de transferencia, al lado de un pozo".

Tanto Gregorio Fuertes como los vecinos que le apoyan no se creen las declaraciones de los defensores del proyecto, en las que se asegura que la planta de clasificación es inocua.

Agua de botella

"Pensamos que se producirán lixiviados y en el pueblo ya hay experiencia en materia de contaminación de acuíferos: hace dos años estuvimos bebiendo agua de botella por el mal estado de un pozo", explicaba el portavoz vecinal.

El alcalde se mostró tajante, no obstante, al defender la planta. "Es inofensiva -explicaba el edil-. Se trata de una nave cubierta, cuya actividad consistirá en clasificar y empaquetar residuos que serán remitidos inmediatamente a centros de reciclado de Zaragoza".

Antonio Andrés no entiende el fuerte rechazo que ha generado este proyecto que comprende la planta y el vertedero, el que, según explicó, tratará desechos como plásticos, papel, cartón, maderas o trapos provenientes de talleres mecánicos o fábricas. Sostiene, por contra, que la planta generará riqueza, no solo por los 10.000 euros anuales de canon que deberá abonar la empresa que explote el complejo, sino por los puestos de trabajo que se generen. Dice que la planta de clasificación contará con 4 operarios y el vertedero con unos 13.

Ninguno de estos aspectos convence a los opositores, ni siquiera la posibilidad de que se modifique la ubicación del vertedero, en principio previsto en el paraje de Marimiguel y ahora en estudio en una zona del barranco de Antonino. "Nuestra ilusión -señalaba una vecina- sería que se lo llevarán todo de aquí. No queremos tener los residuos que generan otros".

El posible cambio de emplazamiento es una de las propuestas que se planteó hace dos semanas en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos en respuesta a la intervención de la plataforma vecinal. Gregorio Fuertes considera, sin embargo, que "en ningún momento se aseguró que el vertedero no se iba a instalar en Marimiguel, desde donde se pueden arrastrar los vertidos al pueblo".