Un juicio que se celebraba ayer en el Juzgado de lo Penal de Teruel por delito contra los derechos de los trabajadores tuvo que ser suspendido al darse la circunstancia de que el único intérprete de idioma chino afincado en la capital turolense que figuraba en la lista de traductores del Palacio de Justicia era el propio acusado, de origen chino.

El problema surgió cuando, a mitad del juicio, varios testigos -todos ellos procedentes de aquel país- que iban a declarar admitieron que no entendían el castellano. El procesado, sentado en el banquillo de los acusados, se ofreció en ese momento para traducir de español a chino y a la inversa. Lógicamente, su propuesta no fue aceptada, si bien se le agradeció.

Fue entonces cuando la jueza planteó a las partes la suspensión de la vista y su reanudación en otro momento con un intérprete. Cuando los funcionarios del Juzgado proporcionaron a la magistrada el nombre del único traductor residente en Teruel que había en el listado -a fin de poder contactar con él- resultó ser la persona a la que se estaba juzgando. El hecho provocó algunas risas entre los allí presentes.

El juicio quedó interrumpido y el público fue desalojado de la sala en tanto que el Tribunal buscaba una solución al problema, la más sencilla de las cuales parecía ser reclamar a algún intérprete de Zaragoza y señalar la reanudación de la vista para otro día. Sin embargo, el acusado proporcionó el nombre de otro ciudadano de nacionalidad china que conocía bien el castellano y que vivía en Teruel y este acudió al cabo de una hora aproximadamente, permitiendo la terminación del juicio, que quedó, así, visto para sentencia.

Impago de salarios

El procesado, un hostelero chino que posee tres restaurantes en la capital turolense, estaba acusado de no haber pagado el salario a una empleada, también china, durante los 16 meses en que esta estuvo trabajando en alguno de sus establecimientos, así como de no dejarla librar ni un día a la semana. El fiscal encargado del caso, Jorge Moradell, sostuvo que el imputado cometió un delito contra los derechos de los trabajadores al tener a la empleada "en régimen de semiesclavitud" y pidió para él una pena de 18 meses de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros.

El restaurador rechazó las imputaciones y se declaró inocente. Su abogado defensor, Miguel Redón, que pidió para su representado la libre absolución, afirmó que a lo largo del juicio la única prueba de cargo que pudieron presentar las acusaciones contra su defendido fue la propia declaración de la denunciante. El letrado añadió que la empleada "se ha movido en todo momento por dinero, pues reclama 25.000 euros de indemnización".