El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto del carbón autóctono, por el que se garantiza la quema del combustible para la producción nacional en las centrales térmicas españolas, lo que asegurará la continuidad de la actividad en la central térmica de Andorra así como los cerca de mil empleos de este sector en Teruel. La normativa posibilita, a su vez, disipar la amenaza de bloqueo generada por el gran stock de carbón en la central de la villa minera, de 2,8 millones de toneladas. Este excedente se ha acumulado en el parque de almacenaje por la disminución de producción de energía eléctrica hasta un 28% de su capacidad en el último año. Esta caída es producto, a su vez, de una menor demanda por parte de las grandes eléctricas. Asimismo, desde el Comité de Empresa de la central apuntan que su actividad desde principios de año se sitúa "en torno al 5%" de su capacidad.

Sindicatos, empresarios y partidos políticos temieron durante esta semana la apertura de nuevos ERE en empresas de los sectores eléctrico, de la industria de apoyo y, sobre todo, en los del transporte del carbón y de la minería, ante su imposibilidad para continuar con el ritmo habitual de actividad y si el Consejo de Ministros no aprobaba definitivamente el decreto. Todos ellos cifraban en 1.000 el número de empleos que peligraban si no se sacaba adelante la medida.

Tras el anuncio del Consejo de Ministros, la diputada socialista en el Congreso, Yolanda Casaus; y los alcaldes de las localidades mineras de Ariño, Joaquín Noé, y Alloza, Manuel Royo, también socialistas, convocaron una rueda de prensa en la que mostraron su satisfacción por el desbloqueo. Destacaron que permitirá que los sectores energético y del carbón "vuelvan a la normalidad y terminará con la incertidumbre generada" a raíz de la caída de la demanda energética. Yolanda Casaus entiende que con la entrada en vigor de la normativa, que estima que se producirá en "aproximadamente mes y medio", se resolverá definitivamente el problema de falta de consumo de carbón nacional, "mediante los incentivos a su uso" para la generación eléctrica.

También aseguró que las producciones fijadas están consensuadas con la Unión Europea y cumplirán los requisitos contemplados en el Plan Nacional del Carbón. "El Decreto está acompañado de un mecanismo de compensación para que el uso de carbón autóctono se contrarreste con una reducción de la contribución de las térmicas que emitan más CO2", detalló. "Se realiza mediante un mecanismo de resolución de restricciones para no alterar el precio en el mercado eléctrico", añadió.

Casaus también salió al paso de las críticas vertidas durante esta semana hacia su partido, la DGA y el Gobierno central por parte del diputado autonómico popular, Miguel Ángel Lafuente. "Le pasaron el testigo en noviembre a la Unión Europea y ahora se han perdido cuatro meses", dijo Lafuente el miércoles en relación al Ejecutivo central. La diputada, que también es responsable del área de minería del Grupo Parlamentario Socialista, criticó la ambigüedad de los populares y pidió que expliquen por qué su presidente a nivel nacional, Mariano Rajoy, ha pedido en el Congreso que se reduzca el consumo de carbón.