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Teruel

TERUEL

Arquitectos, constructores, comerciantes y vecinos rechazan el nuevo Plan General

Dicen que degradará barrios, no regula las zonas más polémicas, premia la edificación ilegal y perjudica la actividad comercialEl planeamiento urbanístico, aprobado inicialmente, ha recibido 650 alegaciones

Teruel. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel ha tropezado con la abierta oposición de colectivos profesionales y organizaciones vecinales. El amplio desacuerdo social se ha plasmado en las 650 alegaciones recibidas en la información pública que acaba de concluir. Entre las previsiones urbanísticas más cuestionadas, figuran la rebaja de la altura máxima permitida en amplias zonas de la ciudad -lo que dejará fuera de ordenación a cientos de viviendas-, las soluciones propuestas al extendido fenómeno de la edificación ilegal de la periferia o la renuncia a planificar amplias zonas del municipio inmersas en operaciones urbanísticas en trámite.

La oleada de críticas augura un futuro incierto a la revisión del planeamiento urbanístico, que empezó a tramitarse en 2001. El nuevo PGOU, aprobado inicialmente el pasado septiembre, prevé suelo urbanizable para 11.000 viviendas y una ciudad de 50.000 habitantes a desarrollar en diez años.

Aunque la gran mayoría de las alegaciones presentadas corresponde a particulares, las de asociaciones y colectivos cuestionan aspectos generales del PGOU. Una de las más cualificadas, la del Colegio de Arquitectos, es también una de las más demoledoras. Considera que la edificación ilegal sale mejor parada que la que se ajusta a la legislación. Se opone también a la rebaja de las alturas máximas en barrios ya consolidados porque deja fuera de ordenación y, por lo tanto, sin posibilidad de reforma numerosos edificios. La Asociación Empresarial Provincial de la Construcción y la Federación de Asociaciones de Vecinos coinciden, en líneas generales, en sus críticas con los arquitectos.

IU, sin representación en el Ayuntamiento, alega contra la fórmula del "planeamiento remitido" que, a su juicio, pretende evitar que el PGOU interfiera en las operaciones urbanísticas más polémicas en tramitación. También apunta la posibilidad de que la aprobación de la revisión en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Ley de Urbanismo de Aragón pretendiera favorecer un proyecto particular, Vía Terma.

La Asociación de Vecinos de San Julián es una de las 23 entidades o colectivos que han alegado. Reclama medidas para rehabilitar los antiguos alfares del barrio, un mejor sistema de drenaje de aguas pluviales para prevenir inundaciones y la implantación de sistemas de calefacción no contaminantes en San Julián dada la deficiente ventilación de esta zona de la ciudad.

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