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La DPT sancionará el uso indebido de los pisos destinados a diputados

Aprobado un reglamento para evitar utilizaciones abusivas de los alojamientos gratuitos.

Los pisos de la DPT se ubican en una finca situada en la esquina de las avenidas de Sagunto y Aragón.
La DPT sancionará el uso indebido de los pisos destinados a diputados
a. g.

Los diputados provinciales solo podrán utilizar los pisos que la Diputación Provincial de Teruel (DPT) destina a residencia gratuita para miembros de la corporación cuando tengan que pernoctar en la ciudad por labores vinculadas a sus cargos. Podrán alojarse solos o en compañía de sus cónyuges o parejas. En caso de incumplir estos requisitos, perderán el derecho a usar estas viviendas durante el resto del mandato. Las condiciones de utilización figuran en el reglamento aprobado ayer por unanimidad en la Comisión de Cooperación.

 

El reglamento pretende evitar usos abusivos de los tres pisos gratuitos para los diputados como los reconocidos el pasado mes de mayo por la vicepresidenta segunda, la socialista Julia Vicente, y el diputado popular Jesús Domínguez. Vicente se alojó en una de las viviendas-residencia de forma continuada en compañía de su hijo, mientras que Domínguez ocupó otro alojamiento con su esposa también reiteradamente. Ambos diputados fueron amonestados por el presidente de la DPT, el socialista Antonio Arrufat, por considerar inadecuado su comportamiento, al mismo tiempo que les instó a desocupar las viviendas.

 

El reglamento establece que el tiempo de utilización de los pisos de la DPT será "idéntico" a la duración de las actividades públicas que motivan las pernoctaciones. Recalca el carácter "ocasional" de su ocupación. El presidente de la institución se reserva la posibilidad de autorizar usos más prolongados o el alojamiento de personas distintas a los cónyuges o parejas de los diputados.

 

Los pisos que la DPT utiliza como residencia de diputados están situados en la céntrica avenida de Sagunto. Se enmarcan en una finca de finales de los años sesenta del siglo XX. Además de las tres viviendas que usan los grupos políticos como alojamiento, existen otras dos viviendas que se utilizaron como residencia de altos cargos de la DPT y que actualmente están desocupadas. Se trata en todos los casos de pisos anticuados y con un equipamiento básico. Sus dimensiones oscilan entre 167 y 183 metros cuadrados.

 

Antonio Arrufat señaló que la reglamentación escrita del uso de los pisos para los diputados se decidió "tras detectar un mal uso" de este servicio. Indicó que, con la normativa consensuada ayer, se concretan las condiciones de aprovechamiento, con lo que se evita la utilización indebida amparada en la ausencia de una normativa escrita.

 

El portavoz del PP, Luis Carlos Marquesán, valoró positivamente el reglamento, que "cubre un vacío legal y con el que no cabe ninguna excusa para los comportamientos abusivos". Marquesán señaló que la normativa es "sencilla", pero recoge de forma clara los beneficiarios y usos que tienen cabida en las viviendas de la DPT.

 

La diputada de IU, Ana Cristina Pérez, consideró "lógicos" los preceptos recogidos en el reglamento, que responden al "sentido común". El diputado de CHA, José Navarro, coincidió con esta apreciación y señaló que, "si todos los diputados hubieran actuado con sensatez en esta cuestión, no hubiera hecho falta ninguna normativa".

 

El reglamento, que deberá ser ratificado en pleno, señala que al comienzo de cada mandato la Diputación asignará los pisos a los diferentes grupos políticos. Actualmente, el PSOE utiliza una vivienda, el PP otra y el PAR e IU comparten la tercera.

 

La venta no se descarta

El presidente no descarta, sin embargo, la posibilidad de vender los cinco pisos que tiene la DPT en la avenida de Sagunto, lo que obligaría a sustituir el sistema de pernoctaciones por el pago de dietas de alojamiento en la capital, que actualmente no se abonan. Antonio Arrufat señaló que un informe legal señala que las viviendas pueden venderse, aunque admitió que la actual situación del mercado inmobiliario "no es la mejor" para la enajenación. Arrufat añadió que la venta debería hacerse por pública subasta y los ingresos tendrían que destinarse a la adquisición de otros bienes inmuebles.

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