Una veintena, de los 75 habitantes con que cuenta en total Aguilar del Alfambra, acudieron ayer al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel para respaldar con su presencia la postura del Ayuntamiento en el litigio surgido con la multinacional WBB. La empresa quiere abrir una mina de arcilla a cielo abierto a menos de dos kilómetros del pueblo.

Por su parte, el Consistorio, desbordado por la magnitud del proyecto, entiende que debe ser la DGA quien dé permiso a la industria para iniciar su actividad tras someter la iniciativa a una evaluación de impacto ambiental.

"Esa mina destrozaría Aguilar del Alfambra a cambio de nada, porque apenas se crearían dos o tres puestos de trabajo de maquinista que, además, serían desempeñados por gente de fuera", explicó en los pasillos del Juzgado José Luis Paricio, miembro de Aguilar Natural, la plataforma vecinal surgida en oposición al proyecto de WBB.

"Tendríamos que decir adiós a nuestros planes de turismo rural, porque la extracción de arcilla afectaría a nuestro paisaje de chopos cabeceros, a nuestros bosques y a nuestros yacimientos paleontológicos", continuó.

El Juzgado, como en otros procedimientos ordinarios, vio ayer la práctica de una prueba solicitada por el Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra consistente en el conocimiento de las conclusiones de un informe redactado por un arquitecto urbanista. Este perito, Fernando Íñigo, afirmó que, de las 1.500 hectáreas de concesión que tiene WBB -casi todo el término municipal-, la empresa planea excavar 49 hectáreas de terreno, una superficie sobre la que, a efectos de permisos, resulta competente la DGA y no el Consistorio, quien por ley solo puede hacerse cargo de explotaciones de menos de 25 hectáreas. Sin embargo, la empresa baraja en su proyecto otras cantidades que hablarían de una superficie a explotar inferior a las 25 hectáreas.

El técnico agregó que el proyecto de la empresa minera no deja claro el volumen de tierra que moverá, si bien sería en torno a 400.000 toneladas al año, lo que pondría en actividad cada día a 50 camiones. Además, el perito puso de relieve el riesgo de que las perforaciones para extraer arcilla alteren el nivel freático de las aguas. "El impacto en un pueblo de menos de 100 habitantes sería tremendo", concluyó.

Visible desde cualquier punto

Ivo Aragón, portavoz de Aguilar Natural, denunció que la mina a cielo abierto, debido a su proximidad al pueblo -menos de dos kilómetros-, sería vista desde cualquier punto del casco urbano. Añadió que las prospecciones realizadas hasta ahora sobre la zona a explotar revelan que existe allí una gran riqueza paleontológica, similar a la que se descubrió en la vecina localidad de Galve, donde existe una sede de Dinópolis.

El abogado del Ayuntamiento, Miguel Ángel Lou, afirmó que "el Consistorio no se opone a la actividad de la empresa, lo que ocurre es que carece de medios técnicos para comprobar la afección del proyecto en el territorio". "Es por eso -continuó el letrado- que entiende que debe ser la DGA, con muchos más recursos, quien estudie previamente el impacto de la mina a cielo abierto en la población". Con 75 vecinos, la localidad se rige por concejo abierto y a la hora de adoptar decisiones son estos quienes votan.

El letrado de la empresa WBB -promotora del recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra al no concederle este la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas- no quiso hacer ninguna declaración a los medios de comunicación. Esta parte llevó a la vista, como perito, al catedrático de Minas de la Universidad de Valencia Carlos López, quien afirmó que sería aventurado rechazar un proyecto de extracción de arcilla, en base a las cifras de volumen de mineral que previsiblemente se sacará, sin realizar antes tomas de muestras sobre el terreno.

Tras la vista de la prueba practicada ayer, la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel deberá resolver si ha de ser el Ayuntamiento el que siga adelante con la tramitación de la licencia de actividad de WBB o si, por el contrario, deberá ser el Gobierno aragonés quien decida si la multinacional puede extraer las arcillas.

Los vecinos, algo más de 20, coparon el escaso espacio destinado al público que hay en la sala de juicios del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel. "Solo pedimos que se cumpla la ley. Nos oponemos a la mina por motivos justos. Somos una zona deshabitada y este proyecto es un abuso", afirmó José Luis Paricio.