La presión social elimina las restricciones al ganado en la comarca del Matarraña

Las directrices de ordenación del territorio del Matarraña, que regularán el desarrollo de esta comarca -la primera en disponer de este documento tras el Pirineo-, han atendido las alegaciones más polémicas presentadas por diferentes colectivos sociales. Uno de los apartados que generó un mayor rechazo fue la normativa sobre las distancias que debían respetar las explotaciones ganaderas respecto a núcleos urbanos y áreas turísticas, una regulación que ha desaparecido del texto que acaba de aprobar la DGA.

En el proyecto de directrices se exigía una distancia de 1.500 metros desde las instalaciones ganaderas a los lugares de interés cultural, 300 a las ermitas y casas rurales, 500 a establecimientos hoteleros y 150 a masías o viviendas familiares diseminadas. Además, se establecía que los vertidos de purines se debían realizar a más de 500 metros de los cascos urbanos, incluidos los de interés cultural. Estas normativas han desaparecido junto a una cita textual que fue muy cuestionada por el sector y que decía que "la ganadería está en expansión".

Otro de los puntos más polémicos fue el nombramiento de capitalidades ("municipios que por sus características demográficas desarrollan una función estructurante en el sistema urbano comarcal"). En el borrador se nombraba a Calaceite, Valderrobres, La Fresneda, Cretas y Peñarroya como localidades centrales que debían ser impulsadas. Este punto, que causó gran malestar en muchos de los alcaldes, ha sido sustituido por la frase: "Es preciso impulsar una red articulada en torno a núcleos que estructuran el territorio". De este modo, aunque se prioriza el desarrollo de ciertas localidades, no se especifica cuáles serán.

Asimismo, en el documento final tampoco aparecen las prioridades sobre pueblos concretos en los que debe fomentarse la construcción de viviendas de protección oficial. De hecho, se "impulsará la promoción de vivienda protegida en la Comarca" con el objetivo de hacerla accesible a todos aquellos jóvenes que deseen permanecer en el territorio.

También han cambiado los criterios de aprovechamiento urbanístico presentados en el primer documento, que fueron durante criticados por los ediles locales. Suponían "un freno al desarrollo de los pueblos más pequeños" porque se separaban a los municipios en tres categorías: menos de 500 habitantes, entre 500 y 2.000, y más de 2.000; e imponían normas de edificación restrictivas en los primeros, sin tener en cuenta las normativas de PGOU municipal. Ahora en cambio, se establecen únicamente dos categorías; más de 2.000 y menos de 2.000 habitantes; y se deja en manos de los ayuntamientos las normas de edificación en el suelo urbano consolidado y no consolidado, y en el urbanizable delimitado en las localidades de más de 2.000 habitantes.

Además, cabe destacar algunas restricciones como la prohibición de construir viviendas aisladas de carácter móvil, de cemento a vista o hormigón. Las construcciones deben adaptarse al paisaje e imagen del núcleo rural en el que se ubiquen. Se eliminan elementos, como antenas o piezas de metal, que dañen la imagen de los cascos históricos. Por último, los 18 municipios del Matarraña deberán tener un PGOU adaptado a las directrices en menos de 3 años.