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Teruel

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La DGA se muestra dispuesta a facilitar la continuidad de Neoelectra en Aliaga

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad una proposición que insta a la DGA a adoptar "las medidas oportunas" dentro de la legislación para mantener la planta de cogeneración.

La DGA podría modificar su postura respecto a la empresa Neoelectra de Aliaga, cerrada en octubre como consecuencia de la negativa del Departamento de Medio Ambiente a concederle la preceptiva autorización ambiental integrada. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, insinuó ayer en las Cortes la posibilidad de que el Gobierno aragonés facilite la continuidad de la planta de cogeneración eléctrica ante la expectativa de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) modifique también sus criterios respecto a la concesión de caudales, la autorización de vertidos y la conexión a un gasoducto para la industria.

El cierre de la planta de Neoelectra genera una honda preocupación en Aliaga al comportar la pérdida de 11 empleos directos y la posibilidad de futuras ampliaciones con la proyectada planta de captura de CO2. La población se ha movilizado en repetidas ocasiones para reclamar el mantenimiento de la industria, la última ayer mismo a las puertas de la sede de las Cortes aragonesas.

A pesar de que Medio Ambiente denegó la autorización ambiental integrada a la planta de cogeneración, Alfredo Boné opinó que la situación del expediente "cambia totalmente" ante un hipotético giro de postura de la CHE respecto al proyecto. Esta expectativa se apuntaba, según el consejero, en un reciente pronunciamiento del Justicia. Aunque Boné se inhibió respecto a este expediente por su vinculación personal con el asunto -es propietario de una finca cerca de la planta-, sus palabras abren las puertas a que la DGA dé un visto bueno medioambiental para la continuidad de Neoelectra en Aliaga.

La CHE niega que haya cambios

Sin embargo, desde el organismo de cuenca negaron ayer que se haya producido ninguna novedad en los procedimientos que afectan a la planta de Neoelectra. Respecto a la autorización de vertidos, la CHE no tiene nada que decir porque el proyecto prevé un vertido "cero" y esta circunstancia ya se comunicó en su día a la DGA. Por otro lado, la concesión de caudales está pendiente de resolución, al igual que la autorización para conectar la planta con el gasoducto que discurre por la zona y que la abastecería de combustible.

La situación de la planta de Neoelectra se abordó también en las Cortes, que aprobaron por unanimidad una proposición no de ley que insta a la DGA "a adoptar las medidas oportunas que la legislación y los criterios de sostenibilidad posibiliten para el mantenimiento de la planta de cogeneración, así como en su caso para la autorización de la planta de recuperación de CO2 en el término de Aliaga".

La propuesta partió del PP, pero fue aprobada por todos los grupos -PSOE, PP, PAR, CHA e IU- tras una negociación para modificar su redacción. Los portavoces de los grupos parlamentarios se felicitaron por el consenso alcanzado, aunque queda en aire la fórmula que adoptará la DGA para cumplir el acuerdo. Los representantes de IU y CHA denunciaron en sus intervenciones que un cúmulo de despropósitos y contradicciones legales ha desembocado en un grave problema social.

El Ayuntamiento de Aliaga y el vecindario consideran imprescindible la continuidad de la central de cogeneración para la supervivencia del pueblo. Sin embargo, el proyecto ha tropezado con la negativa de la Consejería de Medio Ambiente debido a su afección ambiental. La CHE, que ha ordenado demoler el azud construido por la empresa en el río Guadalope, no ha autorizado todavía la concesión de caudales solicitada por Neoelectra.

El presidente de la Plataforma Salvemos Aliaga, Simón García, que asistió a la sesión de las Cortes junto con vecinos de la localidad y trabajadores de Neoelectra, dijo que, tras el acuerdo parlamentario, el Gobierno aragonés "debe actuar con rapidez porque, de lo contrario, es como si no lo hiciera". A su juicio, para evitar la pérdida de los once empleos de la planta, la DGA debería tomar medidas "en el próximo Consejo de Gobierno". La plataforma vecinal advierte que continuará con las movilizaciones hasta que no se alcance una solución para la polémica industria.

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