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Los once trabajadores de la planta eléctrica de Aliaga se sienten abocados a la emigración

Los once trabajadores de la planta de cogeneración eléctrica que la empresa Neoelectra tiene en Aliaga temen que la emigración y la búsqueda de un nuevo empleo allí donde vayan sea lo único que les aguarda si, finalmente y como todo parece indicar, esta industria se ve obligada a cerrar sus puertas ante la falta de permisos administrativos. De hecho, la industria ya no tiene actividad desde este verano y los operarios solo realizan algunas tareas de mantenimiento en tanto se resuelve el Expediente de Regulación de Empleo planteado por la multinacional.

Para algunos, será como volver a empezar, puesto que ya habían emigrado de Aliaga anteriormente por falta de salida laboral y regresaron a esta población de las Cuencas Mineras hace siete años al abrirse la planta eléctrica. En el municipio apenas hay alternativas laborales. La agricultura y la ganadería son muy escasas, el comercio, casi inexistente y los recursos turísticos están sin desarrollar. De hecho, el Parque Geológico -muy conocido por universitarios nacionales y extranjeros- solo ha generado un puesto de trabajo.

Detrás de cada uno de los once empleados hay una historia de lucha por su futuro y por el de la población, que pasó de tener 1.959 vecinos en 1950 a solo 374 en el año 2001. "Nosotros perderemos, pero más perderá Aliaga, que se queda sin empleos ni tejido industrial para generaciones venideras", declaró el alcalde, José López, operario en la planta desde hace dos años después de haber estado 26 años en Ejulve en una empresa agroalimentaria.

Arantxa Jarque -responsable de Prevención- y Julián Cruz -jefe de la planta-, que son matrimonio y padres de un hijo de corta edad, tienen claro que deberán buscarse empleo fuera de Aliaga. Cursaron estudios universitarios y volvieron a la localidad al construirse la industria eléctrica. "Con nosotros, también se irán del pueblo mis padres, que vinieron para poder cuidar al niño" explicó ella.

"Buscaré empleo fuera"

Otro empleado, Ramiro Sangüesa, volvió a Aliaga tras una década empleado en una empresa de montajes de Zaragoza y otro, Enrique Gil, dejó su Tarazona natal para trabajar en la construcción de la piscifactoría, un periodo en el que encontró pareja, se casó y tiene una hija de 14 meses. "Buscaré trabajo fuera, aquí no", dice.

De otros lugares llegaron también Mari Carmen Terraes -de Valencia-, con dos hijos de siete y dos años de edad, respectivamente, y Arnold Josf -de Alemania-. Este último está rehabilitando junto con su familia un antiguo edificio de la población para convertirlo en casa de turismo rural. "Ahora, nada. Todas las ilusiones truncadas. No es justo", protestó Josf.

Desde que a finales de los 90 se gestara la idea de instalar en los Estrechos del río Guadalope una piscifactoría -no llegó a funcionar- y, más tarde, una planta de cogeneración eléctrica a la que seguiría -aún sin construir- una industria de captura de CO2, los sucesivos titulares del proyecto han mantenido un pulso con asociaciones y particulares defensores del medio ambiente que no simpatizan con estos proyectos. Las administraciones, por su parte, han pasado, de no poner pegas e incluso apoyar las iniciativas, a oponerse a las mismas. El Departamento de Medio Ambiente de la DGA estima actualmente que Neoelectra no puede seguir en el paraje en el que se ha instalado, pues al no tener autorización para captar y verter aguas al río, tiene que abastecerse y sacar los vertidos mediante camiones cisterna, un sistema "insostenible" en un paisaje frágil ecológicamente.

Los empleados aún tienen un rayo de esperanza. El Justicia de Aragón ha sugerido al Departamento de Medio Ambiente de la DGA que revise las razones que le llevaron a denegar a Neoelectra la Autorización Ambiental Integrada. Según el Justicia, es incoherente que con informes previos favorables la resolución final sea desfavorable. Añade que la DGA olvida que algunos de los defectos observados en la planta están en vías de solución y le reprocha no haber valorado las repercusiones del cierre en una población como Aliaga, castigada por la reconversión minera. En medio de esta batalla administrativa están los once empleados, que quieren seguir en el municipio.

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