Los ayuntamientos de las poblaciones situadas en torno a Torrijo del Campo, donde se proyecta una gran cementera que creará 120 puestos de trabajo directos y 240 indirectos, se muestran totalmente a favor de esta industria. En general, sus alcaldes estiman que la puesta en marcha de la factoría supondrá el comienzo de una nueva era para esta parte de la comarca del Jiloca, cuya población, escasa y muy envejecida, está sufriendo la crisis de la agricultura y la ganadería. A ello contribuirían también, por proximidad, la otra cementera prevista en Concud y la ampliación de la ya existente en Santa Eulalia.

Consistorios como los de Caminreal, Monreal, Blancas, Bañón o Villafranca del Campo, se han dirigido por escrito al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y le han expresado su apoyo a la industria, ante todo, por el elevado número de puestos de trabajo que generará en un territorio castigado por la emigración ante la falta de oportunidades laborales.La única condición que ponen es que el Gobierno aragonés vigile muy de cerca el cumplimiento por parte de la empresa de las normas de protección ambiental.

Los municipios responden así a la consulta que les formuló hace algunas semanas el INAGA como paso previo al estudio detallado y tramitación del proyecto de la cementera. De esta forma, el instituto ambiental sabe qué aspectos del funcionamiento de la industria deben ser aclarados con mayor precisión a los respectivos ayuntamientos.

La población que más reparos pone a la cementera es Rubielos de la Cérida, cuyo casco urbano estará a menos de 15 kilómetros en línea recta de la fábrica. Según explicó el alcalde, Juan José Ramo -la localidad se rige por concejo abierto al tener solo 54 vecinos-, los habitantes temen "que el polvo que levantará la fábrica se meta hasta en las casas". "No estamos en contra -añadió Ramo- pero antes de ponerla en marcha hay que aclarar esta cuestión".

"Ninguna pega"

Monreal del Campo, uno de los municipios más cercanos a la cementera y más afectado por las posibles emisiones de polvo y gases al encontrarse en la trayectoria del cierzo, no ha puesto "ninguna pega", según indicó el alcalde, Jesús Allueva. No obstante, el Ayuntamiento ha insistido al INAGA en que lleve a cabo un estricto control de la calidad ambiental.

Más confiada se mostró la alcaldesa de Caminreal, Nuria Lázaro, quien afirmó estar convencida de que la tecnología actual impide a las empresas contaminar como lo hacían antes y que, por ello, hay que pensar principalmente en los beneficios laborales que traerá a la zona la cementera.

Por su parte, el alcalde de Blancas, Alberto Fernández, declaró que lo que falta en el Jiloca "son empresas para los jóvenes" y que, en ese sentido, "bienvenida sea la cementera". De todos modos, Fernández recalcó que el pronunciamiento del Ayuntamiento tiene lugar antes de conocerse a fondo el proyecto.

El Consistorio de Villafranca del Campo considera que la cementera es "una oportunidad" para toda la comarca, según su alcalde, Miguel Ángel Navarro. En las últimas décadas, solo esta población ha perdido más de la mitad de sus habitantes, al pasar de 1.000 a 400 vecinos. Algo similar opinó ayer el alcalde de Pozuel del Campo, Manuel Ángel Pérez. Aunque su Ayuntamiento no fue consultado por el INAGA al encontrarse el pueblo al otro lado de la sierra, Pérez destacó que el elevado número de empleos "es muy apetecible en una zona agrícola afectada por la sequía y los altos precios de los abonos y carburantes".

También en Bañón ven positiva la implantación de la cementera. El alcalde, Manuel Simón, ha pedido que se haga hincapié en el control de las emisiones, pero aparte de ello "no hay reparos".