Los agentes sociales oscilan entre la expectación y el escepticismo ante la remesa de grandes proyectos industriales que han aflorado en pocas semanas junto al corredor de la autovía Mudéjar o A-23, curiosamente todos asociados a la producción de cemento, salvo la fábrica de biodiésel de Sarrión. En unos momentos de apuros económicos y de crisis, sobre todo en el sector de la construcción, las inversiones previstas en Torrijo del Campo, Concud y Santa Eulalia suman 350 millones y la generación de 320 empleos directos, a los que habrá que sumar en torno a 500 indirectos. De salir adelante los proyectos anunciados -todos en proceso de tramitación medioambiental-, en un tramo de la A-23 de poco más de 50 kilómetros se concentrará una producción de cemento que rondará los 3,5 millones de toneladas al año, el 6,5% del total nacional.

El presidente de la Confederación Empresarial Turolense, Carlos Mor, afirma que "en una situación como la actual, de crisis económica, que lleguen a la provincia proyectos de esta envergadura es para darnos con un canto en los dientes". Mor muestra un "apoyo contundente" para la concreción de estas iniciativas empresariales, "siempre que -aclara- cumplan todas las normativas".

"Que alguien -dice el dirigente empresarial- esté dispuesto a invertir 150 millones de euros en una fábrica es una oportunidad que la provincia no puede perder". A su juicio, el tejido empresarial turolense no dispone de recursos para acometer proyectos de esta envergadura y sería "lamentable" que no cuajaran.

La mejora de las comunicaciones con la A-23 y la existencia de canteras de roca caliza -la principal materia prima de las cementeras- han propiciado el afloramiento de proyectos industriales cementeros. A estos factores hay que sumar la situación estratégica del corredor Teruel-Jiloca, a medio camino entre Zaragoza y Valencia y con una conexión directa con Madrid a través de la N-211. Además, las infraestructuras previstas -el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, la autovía Teruel-Cuenca y la vía rápida Monreal-Alcolea- incrementarán el atractivo empresarial de la zona. Buena parte de la producción de cemento se podría destinar a la exportación.

La secretaria general de Comisiones en Teruel, Mariluz Benedicto, se muestra escéptica sobre los planes inversores que se barajan. Su reacción oscila entre "la extrañeza y la incredulidad". Benedicto señala que "en unos momentos de crisis, con muchas empresas atravesando dificultades, sorprende que se planteen tantos proyectos industriales aquí".

La dirigente sindical opina que, en algunos casos, se tratará solo de "globos sonda", y advierte que "no todos serán medioambientalmente aceptables". Mariluz Benedicto reconoce que la provincia necesita de empleo industrial, "pero a no a cualquier precio". A su juicio -y en eso todos los sectores sociales coinciden-, la mejora de las comunicaciones con la finalización de la A-23 ha sido decisiva para el despegue industrial.

La reacción de los ayuntamientos ante los proyectos ha sido, en general positiva. Otra cosa es la respuesta social. Mientras en Torrijo del Campo la posibilidad de contar con una cementera es vista como una oportunidad de desarrollo para el pueblo y su entorno, en Concud una iniciativa similar ha provocado un fuerte rechazo vecinal ante el temor de que perjudique la calidad de vida en esta pedanía de la capital y también en la propia ciudad.

IU ha manifestado su preocupación por el proyecto y ha formulado preguntas parlamentarias a la DGA para pedir explicaciones. Desde CHA, califican la actitud del equipo de gobierno PAR-PSOE de "inoperante u oscurantista" por su nula respuesta ante las consultas realizadas al respecto desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El PP considera que el municipio es suficientemente amplio como para encontrar un emplazamiento que no cause problemas a la población. Los populares también consideran injustificable la actitud del equipo de gobierno al argumentar que desconocía el proyecto hasta que apareció en los medios de comunicación.

El alcalde, Miguel Ferrer, no se pronuncia ni a favor ni en contra a la espera de que concluya el trámite de evaluación ambiental. El presidente de la Comarca de Teruel, José Luis López, opina por su parte que "todo lo que sea crear empleo es positivo, pero cuando puede tener una afección ambiental debe haber precaución, y la DGA velará para que la actividad a desarrollar cumpla la normativa de seguridad y medioambiental".

López señala que los proyectos industriales en perspectiva generan "expectación". Añade que el impacto de fábricas de estas dimensiones va más allá del núcleo donde se asientan, y pone como referencia el caso de las madereras de Cella, que "dan trabajo en el pueblo, pero también en municipios del entorno, desde Villarquemado a Teruel".

Otro proyecto industrial vinculado a la A-23, aunque en este caso al margen del cemento, es la planta de fabricación de biodiésel que promueve la multinacional Cannon Power en Sarrión. Una plataforma vecinal ha recogido más de cuatrocientas firmas en contra porque entiende que la proximidad al casco urbano comporta un grave riesgo de explosión para la población. El alcalde, Narciso Martín, sostiene que la alarma social está injustificada y tiene motivaciones políticas.