Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anula la concesión del servicio del agua potable y el alcantarillado de Teruel a la empresa Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel S. A. (Sastesa), con la mayoría de capital social de la Diputación Provincial y con tres socios privados. El fallo considera que la contratación directa de esta sociedad en 2003 fue ilegal y establece la obligación de realizar un concurso público para que todos los operadores interesados puedan optar a la concesión.

El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer -presidente de la Diputación cuando se produjo la contratación de Sastesa-, señaló que los servicios jurídicos municipales estudian si la sentencia del TSJA es recurrible. Ferrer admitió que el fallo es "negativo" para el Ayuntamiento, aunque recalcó que el posible concurso para buscar a un nuevo gestor del servicio "no afectará para nada a la ciudad, porque la actual gestora desempeñará su labor hasta que llegue el nuevo concesionario. Los ciudadanos no notarán el cambio".

Miguel Ferrer reconoció que, en caso de que la sentencia sea firme, el Ayuntamiento deberá convocar "en el plazo más breve posible" un concurso para la gestión del servicio del agua y el alcantarillado de la ciudad. El alcalde aclaró, no obstante, que tanto el Consistorio como la Diputación conveniaron la gestión integral del servicio del agua con Sastesa "convencidos de que actuaban correctamente y hacían las cosas como tenían que hacerse".

El pronunciamiento del TSJA se produce ante el recurso contencioso administrativo de Aqualia, que gestionaba el servicio del agua potable de Teruel cuando pasó a manos de Sastesa. La empresa recurrente alegó contra esta concesión ante el Ayuntamiento, pero, al no ser escuchada, trasladó el caso a los tribunales.

El fallo judicial declara nulos los acuerdos del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial que posibilitaron la contratación de Sastesa. El Consistorio aprobó un convenio de colaboración con la Diputación para la gestión de todo el ciclo del agua en la ciudad y, a su vez, la Diputación encargó esta labor al Sastesa.

El TSJA considera que la prestación de un servicio público, como en este caso, no puede encargarse directamente a una empresa de capital mixto. La adjudicación debe realizarse "mediante concurso o por el procedimiento negociado". El contrato directo solo cabría respecto a una sociedad propiedad al 100% de la Administración.