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La Fiscalía pide apoyo municipal para hacer cumplir las penas de trabajos comunitarios

Algunos ayuntamientos no prevén puestos para personas condenadas a labores sociales o son muy escasos.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, Jesús Gargallo, ha llamado la atención sobre el hecho de que las condenas consistentes en trabajos en beneficio de la sociedad están resultando "de muy difícil cumplimiento" al no contar las administraciones locales turolenses con suficientes puestos para hacer efectivos estos castigos.

Gargallo explicó que los ayuntamientos ofertan plazas, "pero son muy pocas" y propuso como solución que los servicios sociales penitenciarios "promuevan" convenios con las entidades locales que contemplen la posibilidad de que una persona castigada por un delito pueda cumplir su condena desempeñando algunas de las ocupaciones que realizan las brigadas municipales.

El fiscal jefe señaló que la carencia de puestos es mayor en la zona del Bajo Aragón, si bien en el resto de la provincia el problema también existe. A juicio de Jesús Gargallo, el escollo reside en que los ayuntamientos deben asumir el coste de la contratación de un seguro de accidentes para los penados que hacen los trabajos.

Cinco condenados

Solo en los últimos 10 días, cinco personas han sido condenadas por los juzgados turolenses a trabajar en beneficio de la comunidad. Todas ellas habían sido declaradas culpables de delitos contra la seguridad del tráfico, cuatro por circular con exceso de velocidad por una vía urbana y una quinta por conducir su ciclomotor sin tener carné.

Los delitos más comunes por los que la Justicia aplica este tipo de condena son los relativos a la seguridad del tráfico -la última reforma del Código Penal convierte en delitos hechos que antes eran una infracción administrativa- y a la violencia de género, siempre que no revistan demasiada gravedad, ya que entonces los juzgados imponen penas de prisión. Los jueces también se inclinan por los trabajos en beneficio de la comunidad cuando el castigo no requiere más de un año de cárcel.

El fiscal jefe destacó que el objetivo que lleva implícito la pena de trabajos comunitarios es beneficiar en lo posible al penado y lograr su rehabilitación. Es por eso que las labores impuestas, siempre que sea posible, deberán estar relacionadas con el tipo de delito cometido.

Fuentes penitenciarias señalaron que, generalmente, los trabajos que realizan los penados son de jardinería, limpieza viaria, cuidado del medio natural o conserjería en centros públicos. Las mismas fuentes indicaron que los ayuntamientos no son el único marco institucional en el que los procesados pueden redimir su pena sino que también lo hacen con frecuencia en la Cruz Roja o en Cáritas Diocesana. "El abanico es muy amplio", subrayaron.

También desde el ámbito penitenciario destacaron que las dificultades para hacer cumplir los trabajos en beneficio de la sociedad "eran mucho mayores hace unos años, cuando comenzaron a aplicarse estas condenas. Ahora ya se ha recorrido algo de camino y los problemas son menores". Agregaron que existe un convenio de colaboración entre Instituciones Penitenciarias y la Federación de Asociaciones de Municipios "y poco a poco, los ayuntamientos van entrando".

Estas fuentes penitenciarias advirtieron que es ahora, tras la reforma a finales de 2007 del Código Penal en los artículos referidos a la circulación, cuando más condenas con trabajos comunitarios se están aplicando.

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz aseguraron que "alguna plaza" se ha ofertado en los últimos años y mostraron su intención de "seguir colaborando con la Justicia en la medida de lo posible". Mayor número de puestos ofrece el consistorio turolense, concretamente 20 a lo largo de este año. Los penados se ocupan de limpiar parques, jardines y calles.

El Ayuntamiento de Calamocha, por su parte, oferta dos plazas cada año desde hace tres anualidades. Las correspondientes a 2008 están cubiertas por dos personas cuya tarea es limpiar parques, jardines y calles, realizando jornadas de cuatro horas tanto en días laborables como en fines de semana.

El consistorio de la localidad del Jiloca asume un seguro de accidentes cuyo coste es de 20 euros al mes. Vigila, además, que los penados acudan puntuales a su trabajo, pero -destacan- no existe relación contractual entre el Ayuntamiento y los procesados. Las plazas se ofertan para personas de la localidad, a fin de que nadie tenga que hacerse cargo del desplazamiento y habida cuenta de que en muchos casos la condena les ha privado también del carné de conducir.

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