La Policía Nacional ha detenido en lo que va de año a seis empresarios por la venta de ofertas de trabajo falsas a inmigrantes, sobre todo marroquíes. Los estafadores cobraban a sus víctimas cantidades desorbitadas, que podían llegar a 14.500 euros, por unos contratos que no respondían a ningún empleo. En algunos casos, la actividad empresarial que, teóricamente, justificaba las contrataciones era muy limitada o inexistente. En total, se vieron perjudicados por las estafas ochenta y tres inmigrantes, que, en muchas ocasiones, vendieron todas sus propiedades y las de sus familias para afrontar el pago de la oferta laboral, imprescindible para emigrar a España.

Las detenciones de empresarios por estafar a inmigrantes se han producido en Albarracín, Villel, Alcañiz, Monreal del Campo y Alcorisa. Los detenidos se dedicaban a distintos sectores, como la construcción, la hostelería, la madera y la producción agropecuaria. Además de los patronos, en las operaciones policiales se detuvo a cuatro intermediarios marroquíes que contactaban con las víctimas en su país de origen. A todos ellos se les imputan los delitos de falsedad documental, contra el derecho de los trabajadores y estafa. También se produjo la imputación de un gestor.

El mayor número de estafados se detectó a raíz de la detención de un empresario de la madera en Monreal. Se le atribuye haber vendido ofertas de trabajo fraudulentas -que no respondían a ninguna ocupación real- a 35 marroquíes. Aunque la gran mayoría de los estafados procedía de Marruecos, también se han dado casos de víctimas hispanoamericanas -de Colombia, Paraguay, Chile y Argentina-. Un empresario hostelero de Albarracín estafó a 19 extranjeros y uno dedicado a la misma actividad en Alcañiz, a 23.

Las cantidades que los supuestos contratadores exigían a las víctimas oscilaban entre 8.000 y 14.500 euros, unas cifras muy elevadas para las depauperadas economías de las víctimas. Las investigaciones policiales continúan abiertas tras la pista de nuevos casos.

Reticentes a denunciar

Desde la Administración señalan que las víctimas de estas estafas son muy reticentes a presentar denuncias ante el temor de que puedan acarrearles problemas legales. La Policía Nacional solicita, no obstante, su colaboración para desenmascarar a los patronos que venden a precio de oro ofertas de trabajo para ocupar empleos inexistentes.

A pesar de la desconfianza de los estafados, en algunos casos el delito ha llegado a los tribunales. El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial condenó a un empresario con sedes en Híjar y Zaragoza a dos años de prisión por la venta de 126 ofertas de trabajo falsas a súbditos marroquíes por importes que alcanzaban los 10.000 euros.

La venta de contratos fraudulentos que aflora es solo una pequeña porción de las extorsiones que soportan los inmigrantes que desean trabajar en la provincia. La venta de ofertas de trabajo por empleos reales prolifera también, a pesar de que se trata de una práctica igualmente ilegal, como indica la secretaria de Comisiones Obreras en Teruel, Mariluz Benedicto. Sin embargo, los recién llegados soportan el pago de importantes cantidades de dinero a cambio de una oferta de trabajo si, finalmente, esta se convierte en un contrato.

Una inmigrante hispanoamericana explica que un familiar "tuvo que pagar 300 euros por una oferta de trabajo para venir a Teruel. El empresario nos dijo que nos proporcionaba el contrato pero nosotros teníamos que darle un dinero. Como no fue mucho, no lo denunciamos para no buscarnos complicaciones". La misma fuente señala que tiene constancia de compatriotas que han tenido que abonar por una oferta laboral real hasta 3.000 euros.

La presidenta de la Asociación Turolense de Inmigrantes Solidarios (ATIS), Isabel Pomar, explica que es "muy difícil" convencer a las víctimas de que presenten denuncias y, por lo tanto, de conocer las ofertas laborales fraudulentas.

Tambien por contratos legales

Respecto al cobro de distintas cantidades por ofertas de empleo que sí culminan en contratos, considera que son "un montón", pero las víctimas "no se sienten estafadas porque, al final, consiguen un empleo". Pomar señala que las extorsiones pagadas superan en ocasiones el importe de los sueldos derivados del puesto de trabajo. "Un pastor, que gana 800 euros al mes, puede haber pagado por un año de contrato 10.000 euros" añade.