Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento de Teruel a tomar medidas inmediatas para evitar las emisiones de ruido excesivas procedentes de dos locales de copas de La Zona. El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo da la razón a una vecina que denunció al Consistorio por considerar que ha mantenido una actitud pasiva ante sus quejas por los ruidos procedentes de dos discobares que soporta.

La sentencia ordena al Ayuntamiento "adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los ruidos en la vivienda propiedad de la recurrente". La jueza de lo Contencioso Administrativo, María Elena Marcén, insta al Consistorio a ejecutar "actos administrativos necesarios para obtener mediante su ejecución voluntaria o forzosa en su caso, subsidiaria municipal, la eliminación del exceso de ruido permitido en el interior y exterior de la vivienda de la denunciante".

La denunciante se dirigió en dos ocasiones a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que adoptara medidas que rebajaran las emisiones sonoras excesivas de dos bares contiguos. El Ayuntamiento señaló que ha incoado expedientes sancionadores a los dos establecimientos.

El Juzgado considera que "ha quedado probado" que la demandante sufre ruidos en su casa debidos a una emisión sonora superior a la permitida por parte de los dos discobares colindantes. Según una medición de la Policía Local del 9 de junio de 2006, el volumen del ruido alcanzó en la vivienda 41 decibelios cuando el máximo autorizado es de 30.

Un informe de la empresa Econatura, contratada por el Ayuntamiento para labores de control de ruidos, constata que los equipos limitadores de sonido de los dos establecimientos denunciados funcionan incorrectamente, lo que propicia las molestias a la vecina. Frente al máximo de ruido en la vivienda de 30 decibelios, las mediciones aportaron valores entre 38 y 45.

El propietario de uno de los dos locales acusados de emisiones de ruidos excesivas afirmó que su establecimiento está adecuadamente "insonorizado" y añadió que está pendiente de una próxima inspección municipal.

El concejal delegado de Urbanismo, Luis Muñoz, adelantó que el Ayuntamiento no piensa recurrir la sentencia sino que se dispone a cumplirla. Señaló que se reunirá con los responsables de la Gerencia de Urbanismo para concretar "qué medidas hay que adoptar" para cumplir el fallo judicial y la propia normativa municipal. "La jueza nos impone unas actuaciones -dijo el concejal- y nosotros las adoptaremos".

Un problema enquistado

La sentencia judicial se suma a una larga serie de incidencias relacionadas con el control de ruidos en la ciudad, algunas de las cuales han terminado en los tribunales. El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha pronunciado, además, en repetidas ocasiones en contra de la actitud municipal, que ha tachado de permisiva, a raíz de quejas vecinales por ruidos y vibraciones derivados de locales de copas, peñas juveniles y negocios.

El concejal de Urbanismo negó que el Ayuntamiento sea permisivo en materia de control de ruidos. A su juicio, desarrolla una "línea clara" para corregir los problemas "sin medidas bruscas que pueden ser contraproducentes. Damos pasos paulatinos para reconducir una situación heredada de hace muchos años". Muñoz apuntó, entre las acciones municipales, la contratación de Econatura para labores de control de ruidos, el reciente cierre de un discobar por dos meses y "la orden" cursada a la Policía Local para que intensifique los controles en La Zona de bares.

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Zona, Ildefonso Soriano, explicó que la sentencia de lo Contencioso Administrativo y los reiterados pronunciamientos del Justicia evidencian que la Administración "no aplica la ley en cuanto a acceso de menores a locales de copas, horarios y emisión de ruidos". Soriano apuntó que el reciente fallo judicial puede animar a otros afectados por ruidos a seguir el camino de los tribunales.

El dirigente vecinal dijo que los locales de copas cuentan con limitadores de sonido pero "son ineficaces" porque "el Ayuntamiento no se preocupa de controlar su funcionamiento ni de recoger periódicamente los datos almacenados en los equipos". Soriano señaló que el Consistorio cuenta desde hace unos meses con una empresa especializada para labores de control de ruidos, pero, en su opinión, "su actuación, que se realiza a petición municipal, ha sido mínima".