Apenas seis meses después de que comenzaran las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Teruel, una actuación que tiene como objetivo acabar con los graves problemas de espacio que sufren desde hace años funcionarios y usuarios de la Justicia, los trabajos se han paralizado, si bien, al parecer, solo de forma transitoria.

Fuentes del Ministerio de Justicia achacaron ayer la interrupción de las obras a problemas de financiación por parte de la empresa adjudicataria del proyecto, G&C Grupo. Sin embargo, desde esta constructora afirmaron que el motivo del parón es que, junto con la Administración, quieren estudiar la posibilidad de modificar algunos aspectos del proyecto que, en su opinión, son mejorables.

Un portavoz de G&C Grupo aseguró que "entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy), el tema podría quedar solucionado definitivamente". La empresa restó importancia al incidente y destacó que las obras llevan paralizadas muy pocos días, tan solo desde finales del pasado mes de febrero.

Preocupación

De todos modos, la interrupción de las obras ha sentado muy mal al personal que trabaja en el Palacio de Justicia. El presidente de la Audiencia Provincial, Fermín Hernández, mostró ayer su preocupación por el retraso que este problema ocasionará en el desarrollo de la ampliación del edificio. "Todos sabemos que la situación en los juzgados de Teruel es mala y ahora que, por fin, veíamos la luz con esta reforma, no funcionan bien las cosas. Las obras se harán, porque existe el compromiso, pero con demora, seguro", manifestó Hernández.

El presidente de la Audiencia Provincial explicó que el retraso de las obras de ampliación podría repercutir incluso en la puesta en marcha del tercer juzgado de primera instancia e instrucción de Teruel, prevista para el ejercicio de 2009. "Si para entonces el espacio no está creado, habrá que buscar un lugar fuera de aquí para ubicarlo", dijo Fermín Hernández.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que, por ley, la constructora puede permanecer en situación de inactividad durante un mes, con el fin de que subsane los problemas que le aquejan. Si pasado este plazo la situación no se resuelve, la Administración "podrá tomar las medidas oportunas" para que las obras se reanuden.

Por su parte, Caridad Belanche, miembro de la Junta de Personal del Palacio de Justicia por el sindicato CC. OO., criticó que las obras, que salieron a licitación con un presupuesto base de casi 2,5 millones de euros, se adjudicaran finalmente por solo 1,8, una cantidad, a su juicio, demasiado ajustada.

El proyecto, financiado y ejecutado por el Ministerio de Justicia, contempla la duplicación del espacio existente con la anexión de un edificio de similares características contiguo al Palacio de Justicia y hasta hace poco destinado a oficinas de la DGA. Terminadas las obras, serán entregadas al Gobierno aragonés, que ya tiene competencias en materia de Justicia.