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Teruel

TERUEL

El subsuelo del Maestrazgo está siendo analizado para instalar depósitos de CO2

El Ministerio de Industria, la DGA y Endesa realizan investigaciones para reutilizar el dióxido de carbono.

El Ministerio de Industria, junto con el Gobierno de Aragón y Endesa, estudian dos posibles ubicaciones en la Comunidad Autónoma para el almacenamiento de dióxido de carbono en el subsuelo a más de 1.500 metros de profundidad. Uno de estos posibles emplazamientos se encuentra en el subsuelo que afecta a varias comarcas del Maestrazgo, Andorra-Sierra Arcos y el Bajo Aragón Caspe.

El Ministerio de Industria ya ha hecho efectiva la reserva provisional de ambas estructuras subterráneas con el fin de evitar la especulación en la zona bajo la cual fuese posible almacenar eficientemente dióxido de carbono.

Desde Endesa recalcan que se trata de un proyecto "en fase inicial y a nivel mundial que persigue explorar alternativas energéticas con el fin de mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera entre un 25 y un 50 por ciento".

La reserva fue efectuada a petición de la Fundación para Estudios sobre la Energía, que señaló otros nueve emplazamientos en España susceptibles de albergar eficientemente dióxido de carbono. En concreto, y tal y como aparece publicado en el BOE del 8 de febrero de 2008, en Aragón las dos áreas reservadas se denominan "Almacén 1" y "Almacén 2".

Los dos posibles emplazamientos reservados por el Ministerio de industria tienen cada uno 2.700 cuadrículas mineras, unidad empleada en concesiones y permisos a la minería; conforman un polígono cuadrado de unos 29 kilómetros de lado; y alcanzan en superficie una extensión de 81.000 hectáreas. Las dos áreas de reserva superan los límites provinciales aragoneses y comprenden también amplias zonas de Tarragona y Castellón, respectivamente.

El denominado como "Almacén 1" se extendería bajo el subsuelo del Bajo Aragón zaragozano comprendiendo los términos municipales de Caspe, Maella, Fabara, Nonaspe, Fayón o Mequinenza.

El área denominada como "Almacén 2" abarcaría los términos municipales turolenses de La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Fortanete, Villarroya de los Pinares, Aliaga, Villarluengo, Pitarque, Cañada de Benatanduz, Tronchón, Mirambel, La Cuba, Castellote, Ejulve, Bordón y Las Parras de Castellote.

Paralelamente, según fuentes del departamento de Industria de la DGA, Endesa pidió en marzo de 2007 permisos al Gobierno aragonés para estudios de sondeo y análisis de cartografía geológica en estructuras geológicas denominadas Lopín, Caspe y La Zaida-Bujaraloz.

Estas estructuras comprenden términos municipales de Almochuel, Quinto, Fuentes de Ebro, Azaila y Vinaceite, para Lopín; Maella, Caspe, Nonaspe, Mequinenza y Fabara, para Caspe; y Peñalba y Valfarta, para la estructura cartográfica de La Zaida-Bujaraloz.

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, se refirió en Calanda al proyecto de almacenar CO2 en capas del subsuelo en Aragón y explicó que "es un proyecto de investigación a nivel nacional llamado Cenit CO2 en el que se lleva trabajando más de dos años".

Productos comercializables

Según Aliaga, la iniciativa pretende a largo plazo tres objetivos: intentar que los carbones nacionales puedan usarse en la combustión secuestrando el CO2 ; conseguir tecnología para posicionar a España a nivel internacional en el almacenamiento de dióxido de carbono y conseguir productos comercializables a partir de su almacenaje.

El Consejero explicó que el Gobierno de Aragón firmó un convenio junto a Endesa para desarrollar estas líneas de investigación y permitir perfeccionar los sondeos para alcanzar capas en el subsuelo a más de 1.500 metros de profundidad que permitan el almacenaje de CO2 . "Si encontramos la solución al almacenamiento del dióxido de carbono podremos impulsar una central de 500 megawatios de potencia que permita secuestrar CO2 a la atmósfera", indicó Arturo Aliaga. "Aragón quiere estar en ese ambicioso proyecto que se desarrolla a nivel internacional", recalcó.

Aliaga precisó que el Ministerio había pedido permisos de investigación geológica y minera para sondear la posibilidad de que ambas zonas del subsuelo de Teruel y Zaragoza pudiesen ser aptas para albergar dichos depósitos.

Los sondeos consisten en analizar la consistencia geológica de las diferentes capas subterráneas. "Es un proyecto a largo plazo; estamos en los inicios", indicó Aliaga, quien precisó que desde su Departamento se está colaborando con el Ministerio y Endesa para que "este proyecto sea una realidad". "Queremos -continuó- que Aragón se incorpore a estas iniciativas del secuestro de CO2 , ya que tenemos carbones y nuestro futuro tiene que pasar ineludiblemente por ahí".

Las dos zonas aragonesas elegidas contienen en su subsuelo estructuras geológicas distintas, pero ambas serían susceptibles de almacenar en un futuro dióxido de carbono.

El área que abarca la provincia de Teruel y Castellón, el denominado "Almacén 2" por el Ministerio de Industria, alberga a grandes profundidades vetas carboníferas sin explotar o de muy difícil extracción, pero que son adecuadas para inyectar dióxido de carbono por su alto contenido en metano.

En la zona que abarca la comarca del Bajo Aragón Caspe y Tarragona, en el conocido como "Almacén 1", se dan condiciones geológicas que también permitirían esta técnica. Se trata de acuíferos situados a gran profundidad, con alto contenido en sales, capas con la estratificación adecuada y suelos impermeables.

No obstante, es todavía una técnica incipiente que está ahora dando sus primeros pasos. Los datos sobre el conocimiento del subsuelo son relativamente escasos y es actualmente cuando quieren iniciarse las delimitaciones y capacidades de ambas áreas a través de proyectos impulsados por los Programas Marco de la Unión Europea como el "Aqua CO2 ".

En Ejulve, uno de los pueblos que abarcan estas dos grandes áreas de reserva, el alcalde, José Manuel Salvador, lamentó "haberse enterado por la prensa" de la posible ubicación en su municipio de un depósito de CO2 y explicó que el consistorio ha consensuado recientemente una declaración en la que reclaman información "urgente, clara y concisa" al Gobierno aragonés y al Ministerio.

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