La muerte de una vecina de Calanda, un suceso que continúa lleno de incógnitas

La muerte de Pilar Mir en Calanda, el 15 de septiembre del año pasado, sigue siendo una incógnita. La incertidumbre reina en el caso, que se encuentra en fase de instrucción.

En primer lugar, se investigó el caso como un accidente, aunque pasado un mes y medio del suceso, la juez que instruye el caso mandó a prisión a su marido, el alcañizano José Tomás Egea, como único acusado de la muerte de su mujer.

A mediados de diciembre se levantó el secreto de sumario, que desvelaba que la primera hipótesis, la del accidente, se descartaba. A finales de ese mes, la juez llamó a declarar a los cuatro hijos del matrimonio; a dos personas del equipo sanitario que atendieron a Pilar Mir en sus últimos minutos de vida y a un vecino. El abogado defensor de Egea, Enrique Trebolle, asegura que estas declaraciones restan solidez a los indicios que pueden involucrar a su defendido en la muerte de su mujer.

Tras denegarle la libertad provisional en diciembre, Trebolle la va a volver a solicitar después de que se lleve a cabo una segunda ronda de declaraciones tendrán lugar en los próximos días. Prácticamente, las incógnitas de este caso no se despejarán hasta que se celebre el juicio.

El 15 de septiembre de 2007, José Tomás Egea se presentó en el centro de salud de Calanda pidiendo auxilio ya que, según dijo, su mujer se había clavado "accidentalmente" un cuchillo de cocina. En ese momento, una médica y una enfermera se desplazaron rápidamente al domicilio del matrimonio, siempre acompañadas por Egea. Al llegar al edificio, Pilar Mir estaba bajando por su propio pie por las escaleras, ayudada por un vecino. El equipo sanitario atendió en el rellano a la mujer aunque rápidamente la trasladaron en brazos hasta el centro sanitario intentando, de forma infructuosa, salvar su vida. Pilar Mir que falleció 45 minutos más tarde como consecuencia de la sección de la aorta. A partir de ahí empezó la investigación por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que precintó la vivienda.

Después de un mes y medio, el 26 de octubre, la juez llamó a declarar en calidad de imputado a su marido, José Tomás Egea. Tras escucharle, lo envió a prisión sin fianza como presunto autor de la muerte de su mujer. Esa misma semana, la magistrada recibió un informe forense más exhaustivo que determinaba que la herida por arma blanca presentaba dos trayectorias.

A mediados de diciembre, se levantó el secreto y el sumario reveló que se descartaba totalmente el accidente como posible causa de la muerte por lo que únicamente quedaban dos hipótesis: la autolisis o el homicidio.

Nadie sabe qué pudo pasar en el domicilio particular del matrimonio. No se escucharon ruidos ni discusión alguna entre las dos personas: Pilar Mir y su marido. El abogado defensor resalta que la actitud propia de su defendido no fue la de un caso de violencia de género, sino todo lo contrario.

Ronda de declaraciones

El pasado diciembre prestaron declaración ante la juez que instruye el caso los cuatro hijos del matrimonio, la doctora y una enfermera que atendió a Pilar Mir hasta el momento de su muerte y a una vecina.

El abogado defensor afirmó, sin entrar en detalles, que los testimonios demuestran que comportamiento de su defendido fue totalmente diferente a los denominadores comunes que suelen tener los casos de violencia doméstica en España. Por ejemplo, citó que el autor no tiene antecedentes de violencia, ni ha protagonizado situaciones previas de enfrentamiento o denuncias: "Egea fue una persona que auxilió, colaboró y se puso a disposición de los médicos. Declaró durante varias horas ante la Guardia Civil y no se decretó la detención hasta pasado un mes, cuando declaró voluntariamente al juzgado. No se preocupó en buscar un abogado para preparar o plantear una estrategia", dijo Trebolle, quien recalcó que cuenta con el apoyo de los cuatro hijos de la pareja.

Por ello, el abogado considera que los indicios que, en un primer momento, pudieron resultar sólidos para mantener a Egea en la cárcel, con el paso del tiempo, se han reducido, por lo que debería volver a prevalecer el principio de presunción de inocencia. El abogado va a solicitar por segunda vez la libertad condicional para su defendido, que permanece recluido en la cárcel de Teruel.