El juez de lo Social ya fue sancionado 2 veces en Ciudad Real por sacar tarde las sentencias

El juez de lo Social de Teruel, José Luis Morales, sobre el que pesa una propuesta de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sea sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo por tener más de 300 sentencias pendientes, ya fue penado en dos ocasiones y por la misma razón, es decir, demora en la resolución de asuntos, en su anterior destino, el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real.

Morales llegó a la sección de lo Penal de los juzgados de Ciudad Real en noviembre de 2001 y permaneció allí hasta octubre de 2004. Fue en este periodo cuando se le abrieron tres expedientes por retraso injustificado en el dictamen de sentencias, dos de los cuales derivaron en sanción y otro se archivó.

La primera vez se le aplicó solo un castigo económico. En el segundo caso, el informe se aparcó al considerarse que no se le podía penar dos veces por la misma causa. El tercer expediente se resolvió con una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses. Tras cumplir este castigo, tal y como informaron esta semana desde el CGPJ, el juez se incorporó al Juzgado de lo Social de Teruel en mayo de 2005.

Fuentes del Colegio Oficial de Abogados de Ciudad Real recordaron que la demora en la resolución de los asuntos judiciales por parte de José Luis Morales creó entonces "un gran malestar entre todos los profesionales de la Justicia".

El ahora magistrado de lo Social también ejerció, antes de llegar a Ciudad Real, en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y en el Juzgado de Primera Instancia de Cambados (Pontevedra), donde igualmente, según algunas fuentes, sus sentencias registraron retrasos.

Críticas

Diversas fuentes criticaron ayer que el CGPJ no comunique a sus inspectores de zona los antecedentes de los jueces cuando estos se incorporan a un nuevo destino. De haberlo hecho, opinaron estas fuentes, quizá podría haberse puesto remedio al problema del Juzgado de lo Social de Teruel antes de que el número de sentencias atascadas fuese tan elevado como ahora, puesto que ya suman más de 300.

Desde el pasado 28 de enero, José Luis Morales está de baja médica y una juez sustituta celebra los nuevos juicios, pero, según marca la ley, la resolución de las más de 300 sentencias pendientes le corresponde única y exclusivamente al magistrado, al haber sido él quien presidió las vistas en su día. Si él no puede, por las causas que sean, dictar las sentencias, los juicios tendrían que volver a celebrarse.

Mientras tanto, se calcula que alrededor de mil personas, entre trabajadores y empresarios, están afectados por la demora de Morales en sacar las sentencias durante los aproximadamente dos años que lleva ejerciendo en el Juzgado de lo Social de Teruel. Entre ellas, por ejemplo, figuran trabajadores que, acabado el plazo de baja temporal por enfermedad, aguardan una resolución judicial que determine si les corresponde una paga por incapacidad permanente y de qué cuantía. También hay gente que espera para saber si su despido es procedente o improcedente y empleados sancionados por su empresa que tienen recurrida esta decisión.

Causas

José Luis Morales manifestó hace algunas semanas a este periódico su intención de poner al día, cuanto antes, todas las sentencias pendientes. Entre las posibles causas del retraso acumulado, el magistrado mencionó las malas condiciones de las anteriores instalaciones del Juzgado de lo Social -en las que permaneció, como el resto de los funcionarios, hasta hace solo unos meses-, con espacios y mobiliario inadecuados. El juez también esgrimió algunos problemas de salud.

Ahora, la propuesta de sanción de la Comisión Disciplinaria del CGPJ será elevada al Pleno de este organismo para su aprobación o desestimación, si bien en la mayoría de los casos, el CGPJ acepta el planteamiento de dicha comisión. Antes, los miembros de este órgano judicial habrán escuchado las alegaciones del magistrado.

Desde la Secretaría del Juzgado de lo Social señalaron que el expediente del Consejo General del Poder Judicial contra José Luis Morales se abrió a raíz del acta levantada por el inspector de zona. Este documento, a su vez, tuvo su punto de partida en las estadísticas que trimestralmente remite el juzgado turolense a dicho órgano judicial para informar de los asuntos que entran y de cuáles se resuelven.