Buj descarta un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en Teruel para esta legislatura

La documentación acumulada en los dos intentos fallidos de revisión costó 500.000 euros, pero irá a la papelera.

Exposición pública de documentación en uno de los intentos fallidos de revisar el PGOU de Teruel.
Exposición pública de documentación en uno de los intentos fallidos de revisar el PGOU de Teruel.
Antonio García

El equipo de gobierno de Teruel descarta que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pueda aprobarse, ni siquiera inicialmente, en la presente legislatura. Así lo ha manifestado la alcaldesa, la popular Emma Buj, tras presidir este lunes una Comisión de Urbanismo dedicada monográficamente a informar a todos los grupos sobre el trabajo desarrollado por la oficina municipal creada para actualizar el planeamiento de la ciudad. El actual PGOU se remonta a 1985 y los dos intentos de ponerlo al día han fracasado, a pesar de haber acumulado un coste de 500.000 euros. Buj ha augurado que harán falta “tres o cuatro años” para contar con un nuevo Plan.

Buj ha reconocido que el PGOU debió haberse revisado “hace muchos años”. Ha explicado que el repaso de los dos intentos fallidos deben servir para no caer “en los mismos errores". Ha señalado que la documentación generada en estos dos procesos “no tiene prácticamente validez” porque se basaba en un concepto de ciudad expansiva que ha quedado obsoleto. Ha añadido que “a legislación aboga por un modelo más compacto” que reduce costes de infraestructuras y equipamientos. Ha aclarado, no obstante, que el modelo del Teruel del futuro deberá aprobarse con amplía participación política y social.

La oposición en bloque ha reprochado al equipo de gobierno no haber tenido en cuenta el convenio propuesto por la DGA para apoyar técnica y económicamente al Ayuntamiento en la revisión del PGOU. La alcaldesa ha considerado inviables las condiciones y los plazos establecidos en el documento y ha adelantado que el Consistorio trabaja en una propuesta de convenio para regular la colaboración con el Gobierno aragonés.

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