El Juzgado de Alcañiz archiva las causas contra el alcalde de Calanda por la obra La Fuensalada

El Juzgado de Alcañiz ha archivado las actuaciones contra el alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez (PSOE), y el empresario Raúl Lorca por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en la adjudicación de la última fase de la obra de explanación y urbanización del polígono industrial La Fuensalada en 2011. La investigación previa fue realizada por la Fiscalía en colaboración con el Grupo de Blanqueo de Capitales de Aragón a raíz de una denuncia presentada por una de las empresas que concurrían a la adjudicación.

El resultado de esa investigación previa fue la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal en el juzgado de Alcañiz, órgano que instruyó el caso y que ahora entiende que "no ha resultado debidamente justificada la perpetración" de estos delitos por ninguna de las dos partes.

"Cuando empezó todo esto en la última campaña electoral siempre defendí que era inocente, que todo lo que se decía era falso y que se trataba de un complot. Así ha quedado demostrado ahora", dijo ayer José Ramón Ibáñez, visiblemente satisfecho con el sobreseimiento de las actuaciones. Lamentó que hayan tenido que pasar tres años con "esta espada de Damocles encima" y no ocultó su malestar con empresarios y partidos que le acusaron desde el principio.

"Agradecería ahora que los responsables de esta historia, que fundamentalmente fueron la dirección de obra que contratamos con José Manuel Bernad y Francisco Manuel Bernad al frente, junto con la empresa Sumelzo, que se empeñó en que tenía que hacer la obra sin haber presentado la oferta más ventajosa, pidan perdón", recalcó. Lo mismo pidió al Partido Popular y a Podemos. El portavoz popular en Calanda y también diputado en el Congreso, Alberto Herrero, vertió duras acusaciones contra el primer edil en su momento, y Podemos llegó a pedir al PSOE de Aragón que Ibáñez cesara temporalmente de su cargo.

Pese a archivarse las acusaciones contra el alcalde y el empresario, si se mantienen contra el exalcalde, Manuel Royo, y el secretario del Ayuntamiento, que tendrán que ir a juicio. No obstante, lo que se investiga ahora son cuatro contrataciones menores (no superan los 17.000 euros) dentro de la urbanización y puesta en marcha del polígono entre 2005 y 2008. "Cuando comenzó la investigación, revisaron todos los contratos y obras. Y dicen que han detectado irregularidades en cuatro", recalcó Royo, que sigue defendiendo su inocencia. "Que haya algún error administrativo, puede ser. Pero nosotros creímos en todo momento que se estaba haciendo bien", puntualizó. Asimismo adelantó que después de conocer la decisión del Juzgado de abrir juicio oral presentó su baja temporal de la militancia del PSOE. "Hasta que quede demostrada mi inocencia", declaró.