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Noticias: Vivienda - Inmobiliaria

Teruel

Primer paso para un plan de realojo de familias de Pomecia, el barrio amenazado por la piqueta

La DGA propone al Ayuntamiento un convenio para ampliar la bolsa de alquiler social y ambas instituciones planean un programa de erradicación de infraviviendas.

El barrio de Pomecia, ocupado en su mayor parte por infraviviendas.Antonio García/bykofoto

El Ayuntamiento de Teruel y el Departamento de Vertebración del Territorio negocian un convenio para habilitar viviendas alternativas para familias en riesgo de exclusión social y, entre ellas, a vecinos de Pomecia, un barrio ocupado mayoritariamente por población gitana sobre el que pesa una orden de demolición parcial al estar construido en gran parte ilegalmente. El Gobierno aragonés plantea como posible alternativa residencial la ampliación de la "bolsa de alquiler social" local para dar cabida a las cien solicitudes que están en lista de espera, entre las que figuran varios residentes de Pomecia.

El Gobierno de Aragón ha remitido propuestas de dos convenios al Consistorio para poner en marcha una campaña de "captación" de viviendas vacías en la ciudad para incorporarlas a la bolsa de alquiler social. Desde la DGA señalan que estos pisos podrían "atender las necesidades" de afectados por la orden de demolición "siempre que cumplan los requisitos" para acceder a esta solución habitacional.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anuló un fallo del Juzgado de lo Contencioso de Teruel que ordenaba al Ayuntamiento aplicar la orden de derribo dictada por la Gerencia de Urbanismo en 2011 dio un colchón de tiempo para la búsqueda de soluciones para los vecinos de Pomecia, un barrio levantado en su mayor parte sobre suelo ocupado a particulares. La principal dueña de los terrenos, Isabel Gorbe, dijo tras el pronunciamiento judicial que "estudia" las medidas a tomar para recuperar su propiedad.

El Ayuntamiento y los residentes respiraron aliviados ante una sentencia que frena los derribos, pero no los anula. La alcaldesa, Emma Buj, explicó que además del convenio para la bolsa de alquiler social, el Consistorio y la Consejería de Vertebración del Territorio se han "emplazado" para desarrollar un plan de "erradicación de la infravivienda" de Pomecia. Buj confía en recibir "en unos meses" una propuesta de la DGA para actuar en este campo, "porque el problema es tan complejo y de tanta envergadura que la administración municipal no debe afrontarlo en solitario".

La alcaldesa explicó que mientras la bolsa de alquiler social estará destinada a todas las familias en situación "vulnerable" que cumplan los requisitos de acceso, incluidas las de Pomecia, el convenio para eliminar la infravivienda sería una actuación específica de este barrio. Llegará de la mano de un plan de actuación "familia a familia" que preparan los Servicios Sociales municipales con financiación de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi). Este programa europeo destinará 1,2 millones de euros a una actuación de regeneración social en el barrio gitano que incluirá medidas de formación, inserción laboral y acceso a la vivienda.

Aunque la orden de derribo de 2011 afecta a 28 casas, actualmente residen en Pomecia 70 familias y tanto la intervención de Edusi como del convenio de erradicación de la infravivienda irán destinados a todas ellas.

La Gerencia de Urbanismo dictó en 2011 una orden de derribo "inmediato" para 28 edificios de Pomecia que eran ilegalizables e invadían suelo de particulares. La demolición fue recurrida por una asociación gitana que no tenía potestad para actuar, pero la decisión administrativa no llegó a ser firme. El TSJA considera que el Juzgado de lo Contencioso no podía ordenar al Ayuntamiento la ejecución de la orden de derribo y acepta así el recurso presentado por el Consistorio y por las familias afectadas.

La alcaldesa adelantó que, tras el fallo del TSJA, el Ayuntamiento deberá retomar el expediente administrativo que ordenaba las demoliciones, empezando por resolver el recurso en contra. Emma Buj reconoció que la reciente sentencia judicial permite "ganar tiempo" en busca de una salida no traumática para el barrio más deprimido de la ciudad. Paralelamente, el Consistorio trabaja en una reordenación urbanística de la zona que reasignará la propiedad de las distintas parcelas.





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