El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) frena la orden de demolición que pesa sobre el barrio de Pomecia de Teruel, habitado principalmente por población de etnia gitana. En una reciente sentencia, acepta el recurso presentado por el Ayuntamiento contra un fallo del Juzgado de lo Contencioso de la capital turolense que ordenaba al Consistorio la demolición de 28 casas en aplicación de un acuerdo de la Gerencia de Urbanismo municipal de 2011.

La sentencia, recibida con alivio por el Ayuntamiento y por los vecinos del barrio gitano, considera que el Juzgado de lo Contencioso no debió ordenar las demoliciones porque la decisión del Ayuntamiento en este sentido no era "firme" al estar pendiente de la resolución de un recurso. El fallo del TSJA devuelve el asunto a la vía administrativa y, además, aporta un colchón temporal para que la Administración busque una salida urbanística y legal para los vecinos de Pomecia, un barrio constituido, básicamente, de infraviviendas.

El TSJA considera que el Juzgado de lo Contencioso "en realidad" resuelve el recurso presentado contra la orden de derribo de la Gerencia, cuando la resolución correspondía al Ayuntamiento. La sentencia reconoce que la alegación fue presentada por la asociación Población Gitana de Teruel, que no tenía legitimidad para oponerse al derribo, pero considera que el Ayuntamiento debió dirigirse "a cada interesado para subsanar" ese defecto y revolver el recurso.

La propietaria de la mayor parte del suelo ocupado ilegalmente en Pomecia, Isabel Gorbe, recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso para que hiciera valer la orden de derribo de la Gerencia ante la "inactividad" del Ayuntamiento y la sentencia de primera instancia le dio la razón, aunque ahora la anula el TSJA. Con el ordenamiento urbanístico actual, las 28 viviendas amenazadas por la piqueta son "ilegalizables".

La alcaldesa, Emma Buj, respiró aliviada ante la aceptación del recurso del Ayuntamiento por el TSJA, al entender que rechaza el argumento de la "inactividad" municipal, aunque reconoció que el problema legal y social de Pomecia sigue vivo, porque la orden de demolición de la Gerencia de Urbanismo "sigue vigente".

Reconoció, no obstante, que el fallo "permite al Ayuntamiento ganar tiempo" para afrontar un conflicto "urbanístico, legal y social". Señaló que el Consistorio ha dado los "primeros pasos" en busca de una solución definitiva para las familias que viven en casas ilegales.

Aunque la salida urbanística "no es fácil", la alcaldesa explicó que se ha iniciado una modificación del planeamiento urbanístico de la zona para que, tras un proceso de reparcelación –redistribución de propiedades–, las casas amenazadas por la piqueta pasen a estar en suelo municipal –el Ayuntamiento es también copropietario del área a reparcelar–. Buj aclaró que este proceso urbanístico permitiría legalizar algunas viviendas, pero no todas.

Añadió que el Consistorio negocia con la DGA la firma de un convenio de erradicación del chabolismo para intervenir en Pomecia con el realojo de familias. Los contactos con la Consejería de Vertebración del Territorio arrancaron la pasada Navidad porque, según Buj, el "Ayuntamiento no puede afrontar el problema en solitario".

Además, el programa europeo Edusi incluye una partida de 1,2 millones para intervenir en Pomecia hasta 2023. La alcaldesa se mostró convencida de que el fallo del TSJA "da tiempo suficiente" para buscar una solución no traumática para el barrio.

Los vecinos de Pomecia también se felicitaron por una resolución judicial que aleja la amenaza de demolición. El abogado Alfonso Casas, representante de una de las familias afectadas, dijo que el fallo genera "alivio" entre los residentes amenazados por los derribos, pero sigue sin resolver el problema de fondo y "prolonga la incertidumbre" sobre el futuro de Pomecia. A su juicio, la pelota vuelve a estar en el tejado del Ayuntamiento, que deberá resolver el recurso administrativo contra el derribo. Otro letrado calificó la resolución de "respiro" al alejar en el tiempo la expectativa del derribo.

Para Isabel Gorbe, el rechazo de sus argumentos responde a "un defecto de forma" sin entrar en el fondo del asunto. La propietaria de los terrenos de Pomecia no precisó si recurrirá la sentencia del TSJA, pero señaló que "estudia" el camino legal a seguir a partir de ahora.