Los vecinos de Andorra crean una plataforma para exigir agua de calidad en sus casas

Los vecinos de Andorra van a constituir una plataforma en defensa del agua de calidad. La agrupación electoral Asamblea Abierta, con un concejal en el pleno municipal, ha decidido dar un paso adelante ante las numerosas denuncias vecinales sobre la mala calidad del suministro, que obliga a los andorranos a consumir agua embotellada, y los daños que provoca el exceso de cal en electrodomésticos y canalizaciones. Son problemas que arrastran años de denuncias y que todavía no se han resuelto.

Aunque en mayo de 2017 varios vecinos ya plantearon crear una organización reivindicativa en una sesión informativa en el Ayuntamiento, la iniciativa quedó paralizada. Asamblea Abierta de Andorra analizó esta posibilidad en su última reunión. "Vamos a propiciar la creación de una plataforma porque así nos lo han pedido sus promotores iniciales, pero queremos dejar claro que no se trata de una cuestión política, sino vecinal. Que tiene que partir de los afectados", explica Andrés Cucalón, miembro de la agrupación.

Pese a que todavía no hay fecha concreta, Asamblea prevé convocar a todos los andorranos interesados a una reunión durante la segunda quincena de este mes de febrero. Aunque dependerá de la afluencia y participación, se espera que del encuentro salga una plataforma constituida, con unos fines y unos objetivos concretos. A priori, el colectivo se encargaría de canalizar y encauzar las quejas para que las soluciones lleguen cuanto antes.

"Se están presentando quejas formales a la empresa, pero no se están dando respuestas. Además, existen dudas de cómo plantearlas y a quién dirigirse, por ejemplo", dice Cucalón. Hasta el momento, todas las deficiencias y problemas se están volcando en un grupo de Facebook público denominado ‘Agua de calidad en Andorra’.

La posibilidad de crear una plataforma salió a relucir en una sesión pública en la casa consistorial en mayo de 2017, cuando el concejal delegado de Aguas en ese momento, Ramón López (PSOE), presentó a la ciudadanía los resultados de una auditoría externa que buscaba evidenciar los incumplimientos de la empresa concesionaria, Aragonesa de Servicios Públicos, con el contrato que tiene con el Ayuntamiento de Andorra para prestar el servicio hasta 2021. Antes de la sesión se habían presentado dos expedientes sancionadores. Después, se presentó un tercero con sanciones que acumulaban 18.346,56 euros.

López terminó por dimitir de su cargo en junio por desavenencias con la alcaldesa, Sofía Ciércoles (Ganar-IU). Desde el PSOE una de las peticiones al equipo de gobierno fue el cambio de abogado en el caso. Solicitaron que se hiciese cargo una persona especialista recomendada por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

La negativa contribuyó a que el PSOE no apoyase los presupuestos municipales y la situación llevó a la alcaldesa a someterse a una cuestión de confianza vinculada a las cuentas. No la superó, pero tampoco se propuso una alternativa a la alcaldesa.

En el último pleno municipal de 2017, el asunto del agua volvió a la palestra. Los concejales aprobaron sin votos en contra reducir en más de 15.000 euros las sanciones a la empresa, que se quedaron en 2.600 euros. Además, se acordó retirar el segundo expediente sancionador. Todo esto, porque el equipo de gobierno reconoció haber perdido el primer recurso contencioso administrativo presentado por la compañía gestora del servicio de agua.