Alcañiz recibe 150.000 € para el desescombro de la ladera que se derrumbó en abril

El alcalde, Juan carlos Gracia, valora positivamente esta ayuda de la Diputación turolense, pero critica a la DGA por "falta" de colaboración

El derrumbamiento de la ladera de Pui Pinos, ocurrido el pasado mes de abril, dejó a 12 personas sin vivienda
El derrumbamiento de la ladera de Pui Pinos, ocurrido el pasado mes de abril, dejó a 12 personas sin vivienda
Laura Castel

El Ayuntamiento de Alcañiz recibirá una ayuda de 150.000 euros de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para hacer frente a los pagos por adelantado de los trabajos de desescombro y saneamiento realizados tras el derrumbamiento de la ladera de Pui Pinos, un desastre ocurrido en abril y que dejó sin viviendas a 12 personas. Para ello el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, firmaba este miércoles un convenio con el organismo provincial no sin antes lanzar duras críticas al Gobierno de Aragón por, a su juicio, “no prestar su colaboración”. “Esperamos -señalaba- que la DGA tome nota de de la Diputación turolense ayudando con su fondo de contingencias”.

El alcalde aclaraba que la ayuda va destinada exclusivamente a financiar los trabajos ya realizados en la ladera de Pui Pinos y cuyo coste adelantó la empresa Lecha -encargada de estas obras-, “por obviamente no tenerlas presupuestadas el Ayuntamiento”. En total, han supuesto un gasto de 400.000 euros a los que se han sumado 200.000 más para acondicionar otras zona próxima en la que se han detectado problemas de fisuras. “La empresa no ha cobrado desde mayo, cuando realizó los trabajos -confesaba el primer edil de Alcañiz-, así que la ayuda de la DPT contribuirá a sufragar estos gastos”. El Ayuntamiento pretende afrontar el resto de lo que todavía queda por pagar mediante una modificación de la finalidad de la cantidad que los Fondos de Inversiones Sostenibles (FINS) de la Diputación turolense ha asignado al municipio.

Ahora, el Ayuntamiento va a encargar el proyecto de estabilización del talud una vez concluya el informe técnico sobre el origen del derrumbamiento de la ladera. Gracia Suso manifestaba que si este se debe a causas naturales, las ayudas podrían venir vía Gobierno central a través de un decreto sobre zonas afectadas por catástrofes. En caso de que se deba a problemas derivados de prácticas municipales, el Ayuntamiento podría recurrir a sus seguros de responsabilidad. En cualquier caso, el regidor arremetía duramente contra el Gobierno aragonés acusándole de no hacer efectiva una deuda de dos millones de euros, que, a su juicio, le debe este organismo por tasa de licencia de obras del futuro hospital de Alcañiz o por la compra de los los terrenos donde se ubicará el centro sanitario. “Sería bueno que, si no ayuda, -indicaba el alcalde- al menos la DGA pagará lo que nos debe”.

En este sentido, fuentes del Gobierno de Aragón negaron la deuda reclamada por Gracia Suso. Según explicaban, la empresa adjudicataria de las obras del hospital “ha iniciado negociaciones con el Ayuntamiento alcañizano para el pago de la licencia”, y en cuanto a los terrenos, rechazaron que sea el Ejecutivo autonómico el que tenga que hacerse cargo de la financiación de los mismos. “Ya asumimos el coste de su construcción”, afirmaban desde el Departamento de Presidencia. Las mismas fuentes manifestaron el interés del Gobierno aragonés por establecer una línea de ayudas para las familias afectadas por el derrumbamiento, si bien señalaron que para hacerlas efectivas se está a la espera de que el Consistorio inicie los trámites ante la Administración central para reclamar las ayudas extraordinarias del decreto sobre zonas catastróficas.

Respecto a los afectados que han perdido su vivienda, Juan Carlos Gracia Suso afirmaba que el Ayuntamiento ha asumido su alojamiento en pisos de alquiler, después de haber financiado un costoso derribo “piedra a piedra”. “Siempre hemos estado con ellos”, zanjaba.

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