Los exalcaldes de Teruel Manuel Blasco y Miguel Ferrer se han mostrado este lunes tranquilos al afrontar sus declaraciones ante el juez que investiga la actuación del Ayuntamiento de Teruel en el conflicto urbanístico del barrio de Pomecia.

Manuel Blasco ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel en la investigación penal que se sigue tras la denuncia presentada por Isabel Gorbe, propietaria de los terrenos de Pomecia en los que se asientan desde hace décadas decenas de viviendas ilegales.

Tras su declaración, Blasco, que actualmente es diputado en el Congreso, se ha mostrado ante los medios de comunicación "con la conciencia muy tranquila" por su actuación en el caso.

No ha querido hacer más declaraciones, ha dicho, puesto que ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el asunto, pero ha asegurado que confía en la justicia y que "todo el mundo sabe en Teruel" la situación que se vive en este barrio.

Sí se ha pronunciado ante los periodistas su abogado Juan Carlos Monclús, que ha calificado la denuncia de Gorbe como una "querella torticera y temeraria" que podía llegar a considerarse una "coacción".

Ha recordado sobre la actuación de su defendido cuando era alcalde de Teruel que tenía las competencias de urbanismo delegadas y hacía lo que le aconsejaban los técnicos.

En la misma línea se ha pronunciado otro de los exalcaldes investigados, Miguel Gorbe, también llamado a declarar hoy junto a la tercera exedil, Lucía Gómez, aunque las declaraciones de ambos han sido pospuestas para el miércoles la de Ferrer y el jueves la de Gómez, tras suspenderse por un problema familiar de la letrada de la acusación.

A su llegada al juzgado, Ferrer ha dicho que los alcaldes hicieron "lo que legalmente nos aconsejaban que hiciéramos", y ha destacado que su actuación como alcalde en relación con este barrio de la ciudad fue "correcta".

"Cuando estuve intenté solucionarlo con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana" y no solo el problema del asentamiento de Pomecia, ha dicho, sino también de otros barrios de la ciudad. "Es un tema de muy difícil solución", ha aseverado, porque no solo se trata del "problema del asentamiento sino también de darles vivienda a las personas que están allí".

Se trata de un problema "enquistado de difícil solución" y cree que éste deberá abordarse con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, aunque considera "difícil" que se pueda hacer en una sola legislatura.

La investigación se está llevando a cabo a partir de la denuncia presentada por Isabel Gorbe que acusa a tres exalcaldes y varios técnicos municipales por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por las actuaciones realizadas en los últimos años en este barrio en el que hay decenas de casas de manera irregular.

En principio las declaraciones deberían continuar mañana con la comparecencia de varios técnicos municipales