Gobierno y sindicatos alcanzan un preacuerdo para aplicar el nuevo Plan del Carbón en 2019

Tras una dura negociación, las federaciones mineras de UGT y CC. OO. y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, firmaron anoche un preacuerdo para el próximo Plan del Carbón, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y se aplicará hasta 2027. Después de nueve horas abordando el futuro del sector, las partes mostraron su satisfacción al haber podido rubricar un documento que, aunque seguirá desarrollándose en futuras reuniones, ya tiene un esqueleto pactado.

Entre las medidas acordadas, figura "promover más allá de 2018", la utilización del carbón autóctono "competitivo" para la producción teremoeléctrica con el objetivo de "favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería". El documento firmado por las dos partes recuerda que a partir de 2019 terminan las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras.

El paquete de medidas sociales del nuevo plan prevé bajas incentivadas para los mineros que estuvieran en las plantillas antes del 31 de diciembre de 2017 y aplicar las prejubilaciones para trabajadores de más de 48 años –actualmente el mínimo está fijado en 54– o con 20 años cotizados en el régimen especial de la minería del carbón. También se incluyen ayudas para los empleados afectados por cierres que no puedan acogerse a las prejubilaciones, como la prestación por desempleo por el periodo "máximo legal", independientemente del tiempo cotizado.

El preacuerdo prevé ayudas para la restauración ambiental de las minas cerradas, una labor en la que tendrán preferencia como mano de obra los trabajadores excedentes de la minería del carbón. El documento aborda también la reactivación de las áreas carboníferas con un "plan de acción urgente", que contempla el impulso económico, la recuperación ambiental y el desarrollo de energías renovables.

Los representantes de UGT y CC. OO. insisten en que el nuevo Plan contemple un porcentaje de carbón autóctono en el mix energético para las empresas que, como Samca en Ariño, deseen seguir con la extracción de carbón tengan garantizado el mercado para colocar la producción. La reserva de una cuota no aparece precisada en el preacuerdo más allá de la referencia inicial al apoyo al mineral nacional competitivo.

El futuro de la Térmica

Pero la principal preocupación de la cuenca minera turolense sigue siendo el futuro de la central térmica de Andorra, que requiere de una inversión de 190 millones de euros para adaptarse a la normativa europea de emisiones y poder seguir operando más allá de 2020. Endesa no está dispuesta a realizar el desembolso si el ejecutivo no le ofrece garantías de futuro, es decir, no legisla en favor de mantener un hueco térmico para el carbón en el mix energético que asegure la rentabilidad de la inversión.

Por lo que, sin la inversión de Endesa en Andorra, de nada sirve la voluntad y predisposición que manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en Madrid ante su homólogo en Aragón, Javier Lambán, de mantener la térmica abierta hasta 2025.

Relevantes son, aunque no para bien, las palabras de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que volvió a advertir este lunes en el Fórum Europa de que las centrales térmicas de carbón "tienen poco recorrido" y estimó que su funcionamiento "difícilmente llegará a diez años".

Falta de previsión

Así se expresó Ribera en este evento organizado por Nueva Economía Fórum, donde mostró su preocupación ante "la falta de anticipación" de las zonas donde se ubican estas centrales para buscar alternativas. "Es dramática", denunció. Recordó que existe "un marco comunitario que me viene dado" que obliga a los titulares de las centrales a cumplir ciertas obligaciones medioambientales o a cerrar.

"Cada titular debe hacer sus cuentas y presentar sus propuestas", apuntó Teresa Ribera, quien señaló que el Gobierno, en función de aspectos como la seguridad de suministro, debe autorizar o no el cierre de dichas instalaciones.

En todo caso, expresó su compromiso de hablar con los alcaldes y trabajadores afectados por estos cierres que, según advirtió, suponen "un monocultivo" para algunas zonas, y de buscar soluciones que permitan "la recuperación de un futuro industrial y económico con actividades que permitan que la gente pueda seguir viviendo donde vive con condiciones adecuadas".

En cuanto al futuro de las centrales nucleares, señaló la decisión programática del PSOE de no prolongar su vida útil, lo que supondría el cierre total de estas instalaciones en España en 2028.

Sin embargo, apuntó que todavía no se puede tomar una decisión ya que falta información, como la que aportarán los escenarios de descarbonización previstos para 2030 y 2050, que formarán parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno quiere aprobar antes de que concluya 2018.