La mitad de los órganos judiciales de la capital turolense están desde septiembre fuera del Palacio de Justicia en previsión de unas obras que se retrasan. ¿Les complica el trabajo?

Se supone que estas medidas son para que mejoren las instalaciones y puedan beneficiarse de ello los ciudadanos. A partir de ahí, hay que asumir una serie de molestias.

Pero ahora tienen que ir constantemente de un sitio a otro por el Viaducto Viejo.

Como en Teruel no hay grandes distancias, el problema no es grave. Es verdad que en momentos puntuales, si coinciden dos señalamientos, hay que ir corriendo de un sitio a otro.

¿Y qué opina de la reforma que se hará en el Palacio de Justicia? ¿Es necesaria?

El antiguo Palacio tiene muchos años y se han generado nuevas necesidades a las que el edificio debe dar respuesta. Profesionales y usuarios deben contar con espacios más dignos.

Teruel será la única capital aragonesa sin una Ciudad de la Justicia y seguirá teniendo sus juzgados en el Centro Histórico.

No sé si el gasto en un edificio nuevo estaría justificado en Teruel en época de recortes. No obstante, el modelo de Ciudad de la Justicia se ha impuesto con acierto, porque aglutina servicios y ofrece espacios adaptados a las necesidades y con la última tecnología.

Pero, si hace solo 6 años ya se gastaron 1,8 millones de euros en una reforma y ahora se van a destinar otros 3,4 millones.

Sí, a veces se gasta más en reformas que en planteamientos novedosos. Intervenir parcialmente encarece las cosas.

La Justicia intenta eliminar el papel en los juzgados, pero el sistema de transmisión de documentos en Teruel no tiene bastante capacidad. ¿Pedirán solución?

Efectivamente hay dificultades para enviar documentos con mucho volumen de datos, pero hay que ser comprensivos. Son procedimientos nuevos que deben ir mejorándose.

En esta legislatura, los partidos políticos deben alcanzar un pacto por la mejora de la Justicia. ¿Confía en que se logre?

Soy pesimista. No sé si se conseguirá, a pesar de que la Justicia es uno de los pilares del bienestar, al mismo nivel que la sanidad, la educación o los servicios asistenciales, pues de ella depende la existencia de una paz social.

Al menos en rapidez, Teruel es una privilegiada.

En Teruel existe una proximidad entre todos los profesionales que intervienen en un proceso, que permite establecer una comunicación fluida y agilizar los asuntos. Aquí no hay retrasos ni acumulaciones de causas.

Por contra, la despoblación amenaza continuamente el mantenimiento de los juzgados pequeños, como el de Calamocha.

Ese juzgado se hace cargo de una menor población, pero a cambio se ocupa de un territorio muy extenso, por lo que cumple un importante papel. Si no estuviera, el usuario tendría que viajar hasta la capital, que está muy lejos.

¿Por qué se presentó a la elección como decano del Colegio de Abogados de Teruel?

Me dejé convencer por mis compañeros de la Junta, en la que llevo 12 años, sobre todo por Manuel Gómez Palmeiro, el todavía decano hasta que yo tome posesión.

¿Qué proyectos trae?

Continuaré con la lucha para dignificar el turno de oficio, porque ni se deben limitar las retribuciones al abogado –que no son cuantiosas– ni modificar las guardias y su organización. La Administración no debe ahorrar dinero en el turno de oficio, porque va destinado a las personas con menos capacidad económica para costearse una defensa letrada.

La suya fue la única candidatura al decanato. ¿Falta motivación entre los abogados de Teruel?

Las cosas van razonablemente bien y no hay controversias, por eso no hay alternativas.

Los juzgados de Teruel están a la cola del país en litigiosidad. ¿Afecta a la actividad del abogado?

Sí. En Teruel es muy difícil abrirse camino y generar una clientela. La menor población, al final, condiciona la actividad.