El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, que desde hace 2 años investiga si hubo irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel de 2009 a 2013, dio ayer por concluidas las diligencias. El magistrado, que inicia la vía para abrir juicio oral, emitió un auto en el que sostiene que los hechos analizados pudieran constituir tres delitos, uno contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, otro societario y un tercero de apropiación indebida.

Cano dirige el procedimiento contra 17 personas, entre ellas, la expresidenta y el exvicepresidente del CRDO, Pilar Martín y Clemente Garcés, respectivamente; el exgerente de la entidad, Fernando Guillén, así como los diez vocales del Consejo en aquella época. Igualmente considera que pueden ser responsables de algunos de los hechos investigados el representante de la gestoría que llevaba las cuentas a la institución y tres trabajadores de esta.

En el escrito se afirma que Promorigen, filial del CRDO, fue creada para descapitalizar a este último, que cubría con dinero efectivo las pérdidas de aquella, siempre con compras y "gastos inflados" superiores a lo que se podía permitir. El juez indica que tanto en el CRDO –cuyos ingresos procedían de subvenciones oficiales y de las tasas que pagaban los jamoneros– como en Promorigen, se había instaurado una "manifiesta corruptela plasmada en sobresueldos y donativos" a entidades con las cuales tenían especial vinculación.

El juez describe la contabilidad del CRDO como caótica, con reiterados errores, descuadres, desfases e incumplimientos de la normativa. Añade que en Promorigen hubo gastos que no estuvieron adecuadamente soportados, como la compra de 16 teléfonos móviles por 3.313,56 euros, arreglos a vehículos que no ha resultado probado que fueran del Consejo, lotes de regalos, cursos de inglés, alojamientos y compra de combustible con facturas sin justificar por casi 35.000 euros.Cajeros automáticos

El auto indica que el exgerente, Fernando Guillén, dispuso de 28.283 euros de fondos de Promorigen en extracciones de efectivos en cajeros automáticos de septiembre de 2009 a septiembre de 2013, que recibió un adelanto de nómina de 7.000 euros que no consta fuera reintegrado y que al cesar en su gestión dejó un déficit de 300.000 euros. El juez tampoco estima justificado que el CRDO pagara una deuda por importe de 146.000 euros que Promorigen había contraído con el Gobierno aragonés al tener que devolver una subvención por no cumplir los requisitos fijados.

Además, Jerónimo Cano habla de "déficit de control interno del área de compras y gastos", acometimiento de operaciones ruinosas, y de una "reiterada manipulación y distorsión de la información contable". Si el auto de apertura de procedimiento abreviado no es recurrido en el plazo de tres días, el magistrado dará traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o sobreseimiento de la causa.