Los tiempos han cambiado, y mucho. Antes, los lugareños no tenían inconveniente en informar a cualquier visitante provisto de un detector de metales de dónde podría encontrar monedas antiguas. Ahora, esos vecinos son los primeros en denunciar a los furtivos y avisar a los investigadores ante cualquier hallazgo arqueológico o paleontológico que pueda tener interés.

El ejemplo es real y la nueva actitud de la población ante sus recursos se puso ayer de manifiesto en un curso sobre protección del patrimonio histórico español que reunió en la capital turolense a 26 fiscales de distintos puntos del país, entre ellos Madrid, Valencia, La Rioja, Cuenca, Lérida, Tarragona, Zaragoza y, por supuesto, Teruel. Entre los inscritos hubo también agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, arqueólogos y paleontólogos, así como representantes de algunas comunidades autónomas.

"En Teruel, donde la paleontología ha adquirido un buen desarrollo, la población se ha dado cuenta de que los fósiles son un recurso del territorio que ofrece una rentabilidad pública y por ello los valora y protege", explicó el fiscal Jorge Moradell, de la Fiscalía Provincial de Teruel y uno de los organizadores del curso.

Los asistentes coincidieron en que la clave para conseguir una mayor concienciación de la sociedad acerca del valor público del patrimonio histórico y de la necesidad de protegerlo es invertir en investigación. "Solo así se consigue poner en valor los recursos, darlos a conocer y educar a la población", manifestó Alberto Cobos, paleontólogo de la Fundación Dinópolis, vertiente científica del conocido parque temático sobre la vida de los dinosaurios que abrió sus puertas en la capital turolense en 2001 y que cada año registra mayor número de visitantes.

Cobos explicó que hasta el año 2000 solo 6 o 7 municipios turolenses contaban con restos fosilizados de dinosaurios. A partir de ahí, a raíz de la actividad de la Fundación Dinópolis, que cuenta con un equipo de paleontólogos asentado en la provincia, la cifra de localidades con patrimonio paleontológico ha subido a 50. "Muchas veces encontramos los restos los profesionales, pero otras muchas nos avisan los vecinos", destacó el investigador.

El expolio, un gran negocio

Uno de los ponentes del curso fue el fiscal coordinador de la Fiscalía Nacional de Medio Ambiente, Antonio Colmenarejo, quien incidió en la gravedad del expolio del patrimonio histórico. "El tráfico ilícito de bienes culturales se ha convertido en un negocio muy importante; el tercero que más dinero mueve tras el de armas y drogas", afirmó.

Colmenarejo explicó que contribuyen a ese expolio cultural "desde el señor que va por el campo con su detector de metales hasta organizaciones criminales que encargan la labor a trabajadores especializados que pueden levantar un mosaico romano en poco tiempo".

El coordinador de la Fiscalía Nacional de Medio Ambiente afirmó que la creciente concienciación de la sociedad sobre la necesidad de proteger el patrimonio histórico debe empujar a la Justicia "a intentar lograr una mayor eficacia en la persecución de los delitos". "Hemos recibido un patrimonio y debemos transmitirlo a las generaciones venideras –continuó Colmenarejo–. Esa labor merece poner tanto esfuerzo en el cerco al tráfico ilegal de piezas como en otros delitos".