Con las personas y sus proyectos de vida no hay matemáticas que valgan. Organizaciones gubernamentales de la comunidad y sindicatos están convencidos de que el número de inmigrantes en paro que finalmente se acogerán al plan de retorno voluntario que se acaba de aprobar será muy inferior a las previsiones del Gobierno.

La subdelegación del Gobierno en Aragón no maneja ninguna cifra al respecto. En el ámbito nacional, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, estimó que 87.000 extranjeros extracomunitarios, de los 152.000 que se encuentran sin trabajo, estarían en condiciones de pedir la capitalización del desempleo a partir de noviembre. Con una simple regla de tres, se podría calcular que en la comunidad aragonesa estaríamos hablando de unos 5.500 inmigrantes de los 9.713 que estaban en paro en agosto.

Estas cifras suscitan escepticismo. El secretario de Formación y Empleo de CC. OO. Aragón, Andrés Esteban, asegura que con estos datos "se busca el redondeo pero detrás hay una realidad que no lo sustenta". Le reprocha al Gobierno que lo ha llevado adelante sin contar con nadie. Reconoce la preocupación de que la iniciativa contribuya "a un planteamiento de que aquí sobra el inmigrante", y aboga por "reconventir y recalificar" esta mano de obra.

El responsable del departamento de inmigración de UGT, Antonio Ranera, comenta que el primer anuncio antes del verano "suscitó interés", pero las consultas no han continuado estos últimos meses. "La gente cuando emprende un proyecto migratorio intenta agotar las posibilidades para culminarlo con éxito", opina.

Especialmente crítico se muestra el presidente de la Federación de Asociaciones de Migrantes de Aragón, Rogelio Ayala, que tilda la iniciativa de "un ardid" y "una burda trampa" que "ofrece abalorios y no plata ni oro". Considera que no tiene "atractivo" para personas "que en la mayoría de los casos quemaron todas sus naves para venirse a España" y entiende que "unos pocos miles de euros, en el mejor de los casos, no son canjeables por el permiso de trabajo y de residencia que tanto esfuerzo costó conseguir". Como mucho, vaticina que "volverán algunos más que los que hasta ahora mismo estaban volviendo, alrededor de mil al año".

Desde la fundación San Ezequiel Moreno, su presidenta, Bárbara Marqués, ve con buenos ojos la medida "siempre y cuando se respete su carácter voluntario" y se garantice que si después de tres años alguien decide volver recupere todos sus derechos. No obstante, lamenta que esta posibilidad no esté abierta a rumanos y búlgaros que, a lo mejor, "estarían dispuestos a regresar".