EL Ayuntamiento de Zaragoza no cumplirá el anuncio de su responsable económico, Francisco Catalá, que declaró en marzo que «el Ayuntamiento se seguirá endeudando mientras dure la crisis». Desde ayer, los municipios españoles saben que habrán de afrontar la crisis sin el recurso al crédito, que mantenía un ritmo inversor que, según Catalá, buscaba la felicidad de los ciudadanos y bajar el paro, pero también aumentaba la deuda de modo galopante. Y no solo en Zaragoza, no cabe olvidar que la deuda de los ayuntamientos aragoneses supera ya los mil millones de euros. El decreto anti-déficit busca garantizar que el ahorro conseguido con la impopular rebaja de sueldo a los empleados públicos reduzca de verdad el déficit público. De ahí que a la prohibición de endeudarse a largo plazo desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2011, se una la obligatoriedad de destinar lo ahorrado a enjugar el déficit, a bajar el nivel de deuda a largo plazo y, solo en tercer lugar, a financiar inversiones. Las medidas dejan a los ayuntamientos maniatados, y cabe reprochar al Gobierno que llegan sin que haya reformado un sistema de financiación gravoso para los municipios y que pueden empeorar la crisis por el parón inversor. Pero también obligarán a ayuntamientos como el de Zaragoza a replantearse una política de proyectos faraónicos y de gastos muchas veces superfluos y excesivos.