El Servicio de Salud del Gobierno de Aragón deberá pagar 60.000 euros a una mujer de 49 años a la que, en el transcurso de una operación en el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, le provocaron una parálisis de ambas cuerdas vocales que le genera dificultad respiratoria.

La asociación Defensor del Paciente ha informado hoy que la paciente, P.C. C., pasaba revisiones médicas en la zona del cuello por la existencia de nódulos en el tiroides y nódulos en las cuerdas vocales (edema de Reinke) desde hace 10 años, y rechazó una primera intervención quirúrgica porque el único beneficio que obtendría, según le explicó el otorrinolaringólogo, "sería tener una voz más suave".

No obstante, y debido al crecimiento de los nódulos en el tiroides, el personal médico le aconsejó una operación antes de que empezaran mayores molestias y le advirtieron de que estaría dos meses afónica, sin informarle de posibles efectos mayores.

La operación se desarrolló en noviembre de 2006 y debido a un problema que nadie ha podido explicar le tuvieron que efectuar una traqueotomía, agregan las mismas fuentes.

Así, se le causó una lesión bilateral en los nervios recurrentes, que provocaron una parálisis de ambas cuerdas vocales en línea media, que ocasionaron dificultad respiratoria, agravada por el edema de Reinke bilateral que padecía previamente.

La paciente, tras la operación, también padece constantes infecciones, puesto que el aire no es filtrado ni calentado a nivel de rino-orofaringe, según el propio Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Lozano Blesa, sufriendo también transtorno adaptativo psiquiátrico por ansiedad y depresión.

En enero de 2007, el abogado de El Defensor del Paciente, Ricardo Agoiz, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Aragón, de quien depende el Servicio Aragonés de Salud, que fue desestimada en vía administrativa.

Posteriormente, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ahora ha manifestado la existencia de responsabilidad por parte de la Administración, estableciendo una indemnización de 60.000 euros.

Entiende este tribunal que ha habido un "daño desproporcionado" a la paciente en relación con la intervención a la que fue sometida. EFE