CUENTAS PÚBLICAS

Insinúan que los 950 millones para nuevos Estatutos son solo para Cataluña

CiU acusa a la vicepresidenta de "engañar". Según los Presupuestos, el Gobierno también debería repartir ese fondo con Aragón y otras 3 autonomías.

 Aragón podría quedar en la práctica excluido del fondo de 950 millones para nuevos Estatutos a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado dicen lo contrario. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmó ayer en el Congreso que esa partida está en los Presupuestos para "compensar los déficits que pudieran resultar de 2008 y 2009" de los acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y Cataluña. Salgado hizo esta afirmación en el pleno del Congreso para defenderse de las críticas del diputado de CiU, Pere Macías, quien le había acusado de incumplir el Estatuto catalán en materia de inversiones. Salgado no hizo ninguna mención a que esa Comunidad tuviese que compartir esos fondos, de ahí que se generasen serias dudas sobre si había sido un olvido o sabía bien lo que estaba diciendo.


Esta declaración para quedar bien con Cataluña deja en una situación complicada a Aragón y a otras tres autonomías, que en teoría también tiene derecho a recibir parte de eso fondo. Además, CiU no acabó de creer a la vicepresidenta, optó por no dar crédito a sus palabras y la acusó de "engañar".


El nacionalista catalán Pere Macías respondió airado que los 950 millones "no son solo para Cataluña, también están para liquidar acuerdos con Andalucía, Castilla y León, Aragón y Baleares". "La ministra ha jugado con el doble sentido", explicó el diputado ya en los pasillos del Congreso, para argumentar que era falso lo que decía el Gobierno de que ese dinero iría solo a la Comunidad catalana.


Pese a sus manifestaciones, según explicó Salgado, el Gobierno catalán y el central ya han pactado "la metodología" para calcular cuánto dinero tiene que dar el Ejecutivo a la Generalitat para cumplir su Estatuto. Sin embargo, en el caso de Aragón aún no se ha llegado a ningún acuerdo similar. Este asunto es uno de los temas pendientes que están bloqueados en la relación entre la DGA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.