¿Cómo valoran la reforma de la oficina judicial?

En principio, estamos satisfechos con la reforma legal que entró en vigor el pasado 4 de mayo y que atribuye al secretario judicial funciones que antes ya ejercía, pero que no las tenía adjudicadas como propias, pero fallan los medios y los servicios comunes.

¿Nada más empezar?

Sí. Se supone que nos tienen que proporcionar una tarjeta con la fe pública incorporada, para que la introduzcamos en el ordenador y eso nos permita no estar presentes físicamente en las vistas. Pues ni hay tarjetas ni el dispositivo en los ordenadores.

¿Qué harán los secretarios ahora que antes no hacían?

Las competencias del secretario siempre han sido dar fe pública y la dirección de personal. La intención ahora es que el secretario se encargue de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución, principalmente, la civil, y dejar al juez para que resuelva sentencias y pruebas. Te dan más trabajo, más responsabilidad y más competencias.

Ahora tienen un nuevo programa informático que va a mejorar la gestión procesal.

En teoría, sí. Pero en la práctica se tarda más ahora en hacer cualquier resolución que antes. Creo que deberían haber probado este sistema en alguna población pequeña antes de implantarlo de forma generalizada. Está creando muchos problemas.

¿Cuáles son las principales novedades?

Ahora se crearán tres grandes servicios comunes: el general, el de tramitación y el de ejecución. Habrá un secretario por cada dos juzgados, que desaparecen como tales y pasan a llamarse Unidades Procesales de Apoyo Directo. Es decir, el secretario llevará dos juzgados pero al mismo tiempo tendrá que entrar en sala si no se soluciona lo de la tarjeta.

¿Disminuirá la plantilla de secretarios?

No. Quieren mantener la misma. Habrá uno cada dos juzgados, en la Audiencia uno por sección y el resto, en los servicios comunes.

El caso Mari Luz, además de cuestionar el trabajo de los secretarios, sirvió de revulsivo para que se decidieran crear nuevos registros de información sobre delincuentes.

Se creó el Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj), un servicio de información de carácter penal en el que se incluye todo lo relacionado con violencia de género, medidas cautelares y sentencias no firmes. Pero el sistema todavía tiene fallos e inconvenientes. Por ejemplo, ponen alarmas que no sirven para nada. No está al 100% y, por ejemplo, no está conectado con el de penados y rebeldes.

Los secretarios estuvieron en el punto de mira de todas las críticas tras ese caso...

En ese asunto siempre me ha extrañado que echaran la culpa al secretario en un caso en el que la pena no era tan grave (dos años y medio), que si hubiese entrado a cumplir ya habría salido a la calle cuando presuntamente mató a la pequeña y se habían hecho algunas averiguaciones.

El juez salió mejor parado.

El sistema disciplinario, para los secretarios es mucho más duro que para los jueces. Hay una discriminación que estamos intentando que se solucione.

El Tribunal Supremo deberá decidir dentro de poco si se repite el juicio de Fago con un jurado. ¿Cree que se ha devaluado el papel del tribunal popular?

La mayoría de nosotros no hemos sido muy proclives a la ley del jurado, pero hay que aplicarla. Incluso ni los abogados la quieren y se ponen nerviosos. Con la última tesis, el Supremo clarifica lo que tiene que ir por jurado y lo que no. El crimen de Fago se hizo de acuerdo con los criterios que hasta ahora se habían tenido.

¿A la gente le sería difícil entender que se tuviera que repetir el juicio por el asesinato de Miguel Grima?

Sí. Ignoro lo que va a pasar, pero si hubiera que repetirlo, no sé si encontrarán algún ciudadano de Huesca que no haya visto la serie, no haya seguido el caso por la Prensa, la televisión o no tenga una decisión tomada al respecto. Además, ninguno de los jueces que dictó sentencia puede ser el magistrado que presida el jurado, porque están contaminados.

¿Está de acuerdo con el sistema actual de fianzas?

No. Las fianzas sirven solo para evitar ir a prisión o salir de ella, es decir, para solventar exclusivamente la situación personal del imputado. Pero cuando son condenados, no sirven para hacer frente a su responsabilidad civil. Ya han podido depositar uno, dos o tres millones de euros que si les condenan se lo devuelven y ese dinero no sirve para pagar a sus víctimas. Creo que debería cambiarse la ley.