La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición formulada por los familiares de las víctimas del accidente del Yakovlev-42 para que el teniente general José Antonio Beltrán Doña, que coordinó la repatriación de los cadáveres, declarara como testigo en la causa sobre la contratación del aparato.

En un auto hecho público este miércoles, la Sección Cuarta desestima el recurso de apelación presentado por dos grupos de familiares de las víctimas contra el auto que Grande-Marlaska dictó el pasado 17 de julio en el marco de la investigación que realiza para determinar las posibles irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 causando la muerte de 62 militares españoles.

El tribunal, integrado por los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, destaca que la petición para que declarara Beltrán "no consta" en el escrito que los familiares presentaron ante el juez el pasado 25 de abril ni en el posterior recurso de apelación, en el que "nada se dice sobre su relevancia en las presentes actuaciones".

Tampoco ampara la petición de declaración de tres representantes de Chapman Freeborn --la compañía que medió en la contratación del aparato-- que habrían viajado en el interior de aviones como el siniestrado; ni las de otros dos testigos: el jefe al mando del buque Galicia en Um Qasr (Iraq), que elevó antes del accidente una queja obre el estado del Yak-42; y una persona que recibió un correo electrónico de otro mando militar en el que le comentaba la situación del avión.

En los tres casos los jueces destacan la "escasa entidad y relevancia de los datos" que podrían aportar a la investigación los testigos solicitados por las familias, que ejercen la acusación particular en la causa.

Asimismo, considera "absolutamente improcedente" que el Ministerio de Defensa tenga que aportar los presupuestos que aprobó en 2002 y 2003 para financiar los vuelos que se contrataron a través de la agencia de la OTAN Namsa, tal y como reclamó esta parte.

Rechaza otras declaraciones

La Sala de lo Penal también rechaza por su "innecesariedad" que declaren el capitán Ángel Carmona, que investigó las quejas que se recibieron en el Ministerio de Defensa antes del siniestro, así como tres periodistas que "ni fueron testigos presenciales ni pueden con su testimonio aclarar detalle alguno de consideración acerca del motivo del accidente".

El juez instructor ha interrogado a 45 testigos después de que en enero pasado la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa, en la que se encuentran imputados cinco cargos militares que ocupaban puestos de responsabilidad en el momento del siniestro.

Se trata del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.