El Pleno de las Cortes ha rechazado tomar en consideración una proposición de ley de modificación de la ley de reestructuración del sector público empresarial de Aragón para que todos los grupos parlamentarios tengan representación en los órganos de administración de las empresas públicas.

La proposición de ley ha sido defendida por el diputado de CHA José Luis Soro y solo ha contado con el apoyo de IU, mientras que los grupos que apoyan al Gobierno (PP-PAR) y el socialista han votado en contra de la toma en consideración.

El objetivo de la propuesta, según Soro, era incrementar la transparencia en el control de estas empresas públicas y que la oposición esté permanentemente informada, pero los grupos del Gobierno quieren que "todo siga igual" a pesar de que han anunciado una reestructuración del sector empresarial, ha lamentado.

En la redacción actual de la ley se prevé la presencia de dos miembros designados por las Cortes en el órgano de administración de la Corporación Empresarial Pública, y de uno nombrado por los grupos de la oposición en los órganos de administración de las empresas públicas.

El PP y el PAR rechazan esta ampliación porque ya está garantizada la presencia de la oposición con la designación de un miembro en los consejos de administración.

La diputada popular Yolanda Vallés ha recordado durante su intervención que el sector empresarial público es un instrumento de ejecución de las políticas del gobierno, que "no se puede confundir con el legislativo", y este sector público "no requiere participación de todos los grupos parlamentarios".

Además, ha llamado la atención sobre el "difícil encaje legal" que tendría la presencia de una persona por cada grupo parlamentario, porque en ese caso habría un número "indeterminado" de consejeros en un periodo, además, de crisis y racionalización del sector en el que hay que buscar "la máxima eficacia y eficiencia".

Ampliar el número de representantes de las Cortes, ha agregado, supondría incrementar el coste de los consejos de administración y una mayor carga administrativa.

En similares términos se ha expresado el diputado del PAR Arturo Aliaga, quien ha precisado que el derecho a la designación de representantes no pertenece a cada uno de los grupos parlamentarios, sino al conjunto de las Cortes, y la propia ley habla de la representación de la oposición.

Además, ha insistido en que la transparencia en la gestión del sector público está "garantizada" con diversos controles parlamentarios y la publicidad de sus cuentas en los registros mercantiles.

El diputado de IU Adolfo Barrena ha recordado que el PP ha rehusado estar presente, como grupo mayoritario de la oposición, en los consejos de administración durante la última legislatura, y ha precisado que se podrían encontrar fórmulas para hacer efectiva la petición como que la presencia sea sin voz o rotativa, siempre que exista voluntad política para llevarla a cabo.