PSOE y PAR se parapetan en informes para no denunciar el trasvase a Barcelona

Nervios, improvisación y tibieza. Esa fue ayer la reacción del Gobierno aragonés a la noticia de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a sus reiteradas promesas de no transferir agua del Ebro a otras cuencas, ha cedido a la pretensión de la Generalitat catalana de prolongar el minitrasvase de Tarragona hasta Barcelona para detraer alrededor de cuarenta hectómetros cúbicos del río y llevarlos a la cuenca del Llobregat.

El Gobierno aragonés, cuyos portavoces y principales líderes del PSOE y el PAR evidenciaron un significativo ánimo de eludir preguntas incómodas al hablar con los medios de comunicación, mantuvo una reunión extraordinaria a las diez y media de la mañana para tomar una posición oficial sobre el asunto. A su término, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, explicó que la DGA no tiene claro todavía si el trasvase a Barcelona debe considerarse "jurídicamente" como tal, lo que obligaría al Ejecutivo autonómico a oponerse por mandato del nuevo Estatuto.

Por ese motivo, la DGA ha solicitado al Gobierno que le envíe urgentemente la información detallada del proyecto para encargar un informe a la Comisión Jurídica Asesora, que será quien dictamine si la actuación afecta al artículo 19, que estipula la obligación de los poderes públicos de Aragón de "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de generaciones presentes y futuras".

Además, la DGA decidió quitarse de encima el mandato del artículo 72, que obliga a "la Comunidad Autónoma" a emitir "un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio", para instar a las Cortes de Aragón a que lo asuman con la ayuda técnica del Ejecutivo. Según Boné, se trata de "una medida preventiva antes de conocer incluso jurídicamente si este proyecto se puede calificar de trasvase o no para adelantar las gestiones con más rapidez". Aunque el Estatuto no explicita qué poder de la Comunidad debe redactar el informe preceptivo recogido en el artículo 72, resulta extraño que el Ejecutivo renuncie a esa potestad y la delegue en el Legislativo.

"No hay acuerdo bilateral"

Marcelino Iglesias reiteró posteriormente su oposición a los trasvases, pero insistió en no posicionarse sobre el de Barcelona porque la DGA tiene que actuar con "serenidad y precisión" y hacer "las cosas bien hechas". "Queremos afinar nuestra posición, por eso hemos pedido los informes, a partir de ahí tomaremos la decisión que corresponda que, en cualquier caso, será coherente con las posiciones que hemos mantenido y vendrán obligadas por el propio Estatuto de Autonomía", agregó.

El presidente aragonés, en un claro intento por no entrar en conflicto con la Moncloa, llegó a negar que exista un "acuerdo bilateral" entre el Gobierno central y el catalán para hacer el trasvase y consideró que lo que "se ha producido es una reunión bilateral". El Estatuto aragonés y el ordenamiento hidráulico, obligan a que una decisión que afecta a toda una cuenca hidrográfica (como es la transferencia de caudales fuera de la misma) sea consensuada con las Comunidades que la componen.

Horas después, fue el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, quien se pronunció y arrojó aún más dudas sobre la postura del Ejecutivo y la sintonía entre los socios. Explicó la decisión tomada en el Consejo de Gobierno de encargar un informe juridíco para aclarar "ese posible trasvase". Pero acto seguido, afirmó que "aunque el Gobierno lo niega", en referencia al central, "resulta muy díficil hablar de otra cosa distinta" que no sea trasvase.