PSOE y PAR se enzarzan con la denominación oficial de los dialectos catalanes en Aragón

Aunque el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, haya expuesto su deseo de que la futura Ley de Lenguas autonómica "no cree problemas donde no los hay", lo cierto es que la regulación normativa de la realidad trilingüe de la comunidad amenaza con causar graves discrepancias, pero más que nada entre los socios de la coalición de Gobierno, que no se logran poner de acuerdo ni siquiera en la forma de elaborar la ley.

Según diversas fuentes de ambas formaciones, y como ya señaló el propio Biel este martes, el punto de mayor confrontación es la denominación oficial que se recoja en la ley para los dialectos del catalán que se hablan en la zona más oriental de la comunidad junto al español. Mientras el PSOE prefiere una definición global de esas variedades dialectales del catalán, el PAR cree que se debería dejar que fuesen los ayuntamientos quienes decidiesen cómo llamar a la lengua en cada zona.

La fórmula que propugnan los aragonesistas podría dar pie a la oficialización de denominaciones como fragatí, tamarità o maellà (fragatino, tamaritano o maellano) o incluso al término chapurreau, muy utilizado por los propios catalanohablantes de las comarcas orientales para llamar a su lengua habitual. Desde las filas socialistas se considera que el uso oficializado de esa terminología carece de fundamento linguístico y, además, quedaría expuesto a la variación por voluntad política de cada corporación municipal.

Aunque el borrador del anteproyecto, elaborado por la consejería de Educación, acaba de ser remitido a los Servicios Jurídicos de la DGA, el PAR ha lanzado a su socio la idea de que la ley sea presentada por una iniciativa legislativa del grupo parlamentario socialista, lo que habilitaría su voto en contra. Pero el PSOE entiende que la elaboración de la norma por parte del Ejecutivo forma parte del núcleo irrenunciable del pacto de coalición. Pero en ese caso, si no se atienden sus reclamaciones, el PAR se vería en una posición complicada a la hora de ratificar la ley en el Parlamento.