El Gobierno de Aragón ha reconocido al Ministerio de Economía y Hacienda lo que su presidente y sus consejeros niegan en las Cortes: es necesario un "mayor rigor" en las licitaciones que promueve el Ejecutivo aragonés para evitar retrasos innecesarios y sobrecostes que siempre acaban cargándose en las arcas autonómicas.

Hasta ahora, varios departamentos de la DGA han usado la técnica de adjudicar un contrato a una empresa que presentaba una oferta baja y poco después modificar las condiciones y pagarle más. Actuaciones como las esquinas del psiquiátrico o proyectos emblemáticos en el ámbito de la logística aragonesa han tenido este tipo de modificaciones. En el camino se quedan fuera de la operación las firmas que desde el principio habían calculado correctamente los costes. Si nos atenemos a las intenciones que trasladan al Gobierno de Rodríguez Zapatero, la DGA tiene el propósito de reducir estos comportamientos, cuanto menos dudosos. "Es preciso establecer una serie de mecanismos que introduzcan un mayor rigor en los controles sobre la calidad de los proyectos aprobados", expresan como una declaración de voluntades. El documento elaborado por la Consejería de Economía indica que el objetivo de esta apuesta por el rigor es "evitar modificaciones de obra derivadas de errores que puedan dar lugar a un incremento en los costes y plazos de ejecución".

Además, el plan de reequilibrio presentado por la DGA plantea la necesidad de llevar a cabo "una revisión de los actuales programas de inversión previstos para acometer una reprogramación de las inversiones en infraestructuras de acuerdo a análisis económicos coste-beneficio".

En busca del sector privado

El documento establece también que la DGA se ha marcado como objetivo que en "los proyectos de inversión de grandes infraestructuras" se incremente la colaboración y participación del sector privado en la financiación. En esta línea va precisamente el proyecto Red, que abandera la Consejería de Obras Públicas y que contó con la colaboración del Ministerio de Economía y Hacienda para facilitar que su coste no compute como deuda. Como dato, este plan plantea una primera fase de inversión hasta 2013 por un total de 638 millones de euros, que se haría en régimen de concesión a empresas privadas.